En la década de 1980, organismos internacionales impulsaron la privatización de diversos servicios públicos y la reducción al mínimo del papel del Estado, esto incluyó a los sectores del transporte, electricidad, agua, educación, salud y pensiones. Esto derivó en un jugoso negocio para las élites financieras, no así para la clase trabajadora. Casi cuarenta años después, los resultados distan de ser favorecedores. teleSUR.
