Cientos de brasileños denuncian en las calles la orden del presidente Jair Bolsonaro de “conmemorar” el 55.º aniversario de la dictadura militar (1964-1985).
Bajo el lema “Dictadura nunca más” y respondiendo a una convocatoria de varios movimientos sociales, los manifestantes han marchado este domingo, en el quincuagésimo quinto aniversario del golpe de Estado de 1964, con el que se inició la era dictatorial, efeméride, que Bolsonaro ordenó “conmemorar” en los cuarteles.
Las ciudades de Brasilia (capital), Sao Paulo y Rio de Janeiro han sido escenario de las marchas contra la solicitud del presidente ultraderechista, quien ha demostrado ser un defensor del golpe militar que derrocó al presidente Joao Goulart.
Los capitalinos han exigido la dimisión del mandatario, además de repudiar las políticas de Bolsonaro, que sin ocultar su “admiración” por los exdictadores, incorporó en su gabinete a varios militares.
Las protestas han tenido lugar un día después de que una corte de apelaciones anulara la decisión de otro tribunal de prohibir las reivindicaciones del golpe que instauró una dictadura de más de dos décadas.
Los llamamientos a manifestarse se han multiplicado desde que el portavoz presidencial, Otávio Régo Barros, afirmara el lunes que Bolsonaro había pedido que el aniversario del golpe sea conmemorado con “las celebraciones debidas” en los cuarteles.
Ante la controversia, Bolsonaro negó el jueves por completo la existencia de la dictadura militar en su país y dijo que los actos en los cuarteles no serían para “conmemorar, sino para rememorar” este episodio de la historia brasileña, que se cerró en 1985 con el retorno de gobiernos democráticos.
La dictadura dejó casi 500 asesinados y desaparecidos políticos, además de miles de torturados, conforme a las estadísticas de la Secretaría de Derechos Humanos, que resalta que la cifra podría ser mayor debido a la falta de registros que hubo en la época dictatorial, como por ejemplo respecto a víctimas campesinas e indígenas. Asimismo, documentos estadounidenses desclasificados el año pasado revelaron que la eliminación de disidentes se decidía en el palacio presidencial.