La Defensoría del Pueblo de Ecuador cuestionó la decisión del ejecutivo nacional de retirar el asilo diplomático y suspender la nacionalidad al australiano Julian Assange.
En un comunicado difundido en su sitio digital, la institución expresó profunda preocupación ante la determinación adoptada por el estado ecuatoriano, que puso fin a la condición de asilado diplomático que mantenía al fundador del sitio web WikiLeaks en la embajada de Quito en Londres, desde 2012.
‘Si bien de acuerdo al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana esta decisión se habría fundado en el principio de soberanía estatal, es importante señalar que la soberanía no es absoluta cuando se pone en riesgo derechos humanos, pues precisamente éstos limitan su alcance’, indicó la Defensoría.
Asimismo, señaló necesario recordar la carta de naturalización otorgada al ciberactivista, la cual solo puede ser anulada observando lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
‘En el presente caso, no se ha determinado con claridad si se cumplió con el procedimiento, y si dentro de él se garantizó efectivamente el debido proceso’, refirió.
De acuerdo con la institución, de verificarse el incumplimiento de esas garantías por parte del estado ecuatoriano, y adicionalmente haberse producido la entrega de Julian Assange a las autoridades policiales del Reino Unido, se habría incurrido en una extradición de facto, lo cual está prohibido por la Carta Magna.
Por otra parte, Defensoría llamó a tomar en cuenta que la condición de asilado exigía del gobierno nacional el respeto al principio de no devolución frente a los evidentes riesgos a la vida, la libertad o la integridad, los cuales justifican la prolongada permanencia en la sede diplomática de Londres, los cuales, el Estado ecuatoriano no ha probado que hayan cesado.
‘Más allá de las acusaciones penales, disciplinarias y de las convicciones políticas que Julian Assange pueda tener, corresponde recordar que todo ser humano tiene derecho a ser tratado con dignidad y se le debe garantizar un procedimiento justo’, recalcó el texto.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo lamentó como el estado incurrió en una determinación que podría conllevar responsabilidad internacional y sentar un precedente preocupante respecto de la protección de personas en situación de asilo o de ecuatorianos en el exterior.
Finalmente, instó al ejecutivo nacional a reafirmarse en los principios de solidaridad, acogida y respeto a los derechos humanos, manteniendo la larga y reconocida tradición de asilo y de respeto a los principios constitucionales en materia de movilidad humana.
Prensa Latina/La Radio del Sur
