Manifestantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad durante una protesta contra la privatización de la salud y educación en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de abril de 2019. Jorge Cabrera / Reuters

Una manifestación contra la privatización de la salud y la educación en Honduras dejó varios heridos, algunos detenidos, así como edificios públicos destrozados e incendiados.

En la capital, Tegucigalpa, unos 10.000 estudiantes, doctores y maestros fueron reprimidos por la Policía cuando intentaron acercarse al Palacio Legislativo, en donde se discutirían dos polémicas reformas al sector educativo y de salud que, para los colectivos, representan la privatización de los servicios.

Ante la represión de la Policía, que rodeaba el recinto legislativo, algunos manifestantes respondieron lanzando piedras a los oficiales.

Posteriormente, manifestantes encapuchados lanzaron bombas molotov a dos edificios de la Alcaldía Municipal, uno de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y una farmacia, reportó la agencia Efe.

Herido de bala

En el departamento de Yoro, ubicado en el centronorte del país, un maestro resultó herido de bala después de que cuerpos de seguridad le dispararan a quemarropa, según algunos testigos.

Varios testigos también aseguraron que algunas personas vestidas de civil iban armadas y actuaron en presunta complicidad con la Policía para reprimir a los manifestantes.

La directora para las Américas en Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, exigió al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, poner fin a la represión y garantizar el derecho a la manifestación.

«Las violaciones de DDHH cometidas en este contexto deben ser investigadas pronta e imparcialmente», exigió en su cuenta de Twitter.

La polémica propuesta

El jueves pasado, el Congreso hondureño, con mayoría oficialista, pretendía aprobar la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de salud y Educación, que para las organizaciones magisteriales y el Colegio Médico de Honduras (CMH) representaba el inicio de la privatización y abría la puerta para futuros despidos masivos en el sector público, según reportó El Heraldo.

De acuerdo con los diputados oficialistas, lo que pretenden es una ejecución eficiente del gasto público.

Se esperaba que este lunes se ratificaran los decretos, pero los violentos enfrentamientos obligaron a suspender la sesión de este día.

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