Ana Laura Palomino García.— «El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha autorizado la entrada de policías al edificio de la antigua Embajada en Washington. Esta intromisión es una violación más del Derecho Internacional por parte de autoridades de EE. UU. y una agresión contra Venezuela».
Así el viceministro venezolano para América del Norte, Carlos Ron, denunciaba a través de su cuenta en Twitter la ilegalidad de las acciones emprendidas por el Gobierno norteamericano contra un grupo de activistas, quienes en firme respaldo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, han resguardado la sede diplomática del país sudamericano en EE. UU. y han impedido la entrada del personal nombrado por el «autoproclamado» Juan Guaidó.
Pero EE. UU. no conoce de límites cuando pretende imponerse a toda costa, y en esta ocasión, ha hecho caso omiso a lo pactado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas desde el año 1969.
Lo ocurrido en la noche de este lunes, cuando fuerzas policiales intentaron allanar la sede diplomática por la fuerza es totalmente injustificado. Al respecto, el canciller venezolano Jorge Arreaza ratificó que el Departamento de Estado debía cumplir su obligación y resguardar el edificio de la embajada de Venezuela de la misma manera que el Gobierno bolivariano custodia la instalación diplomática de EE. UU. en Caracas.
Medios de prensa, diplomáticos, amigos solidarios con la Revolución Bolivariana y especialmente los activistas que desde hace semanas custodian el lugar, han denunciado diversas agresiones en su contra, como cortes de luz y agua, prohibición de la entrega de alimentos y asedio permanente. Sin duda,
EE. UU. una vez más demuestra, que no entiende de convenios ni de razones.
