La deforestación de unos 739 kilómetros cuadrados en la Amazonía del país suramericano, en el mes de mayo, fue detectada en un informe preliminar elaborado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe, por sus siglas en portugués) y el Deter, o sistema de satélites que monitorean el desmalezamiento en Brasil.
Según esta información, publicada este Día Mundial del Medio Ambiente, la deforestación se incrementó en mayo, con respecto al mismo mes de 2018, cuando llegó a los 550 kilómetros cuadrados. La cifra de este año corresponde al doble de la de 2017, recoge Reuters.
Esta situación podría deberse al incremento de la actividad de madereros ilegales, que aumentaron la tala ante la percepción de un marco legal más laxo durante la presidencia de Jair Bolsonaro, según han advertido algunos ambientalistas brasileños.
Sin embargo, una investigación de la ONG Conservación Internacional, publicada en Globo, arrojó que Brasil ha sido el país que más ha alterado sus leyes ambientales en la región, con 66 % del total de los cambios entre 1961 y 2017.
De las 18 millones de hectáreas de la Amazonía que han sido alteradas, 11 millones están en territorio brasileño, según el estudio.
Durante la campaña Bolsonaro, el Inpe hizo una proyección que develó que las políticas del jefe de Estado brasileño pudieran causar una deforestación que saltaría de los 6.900 kilómetros cuadrados actuales por año, a los 25.600 hasta el año 2020.
¿Qué ha dicho Bolsonaro?
El presidente brasileño ha hecho afirmaciones previas que han generado preocupación entre los expertos, que advierten que las consecuencias negativas no solo serían para el país suramericano, puesto que esta zona natural es considerada el ‘pulmón del mundo’ y concentra 30 % de la biodiversidad del planeta.
Hace un par de meses, Bolsonaro afirmó que su intención era explotar la Amazonía «de manera razonable«, tras haber dicho que el país podría abrirse a la minería en una gran reserva en la zona, que no especificó.
De igual manera, ha transferido la responsabilidad de la demarcación de territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, lo que los expertos han considerado como una oportunidad para un conflicto de intereses, visto que estas zonas podrían quedar en manos de industriales agrícolas, que presionan desde el Congreso, y no en miembros de los pueblos originarios.
El gran riesgo en la Amazonía
En Brasil, donde estarían en peligro cientos de comunidades indígenas en la Amazonía, hasta el momento, la demarcación está paralizada a la espera de la exploración de las áreas para proyectos mineros y ambiciosas obras de infraestructura, situación que viola las leyes ambientales.
Casi 13 % de este país se compone de territorios indígenas. Solo en la Amazonía hay 900.000 integrantes de pueblos originarios, lo que corresponde a menos de 0,5 % del total de sus habitantes.
El mandatario, que apenas tiene cinco meses de gestión, pidió en abril a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que lo apoye en un plan de desarrollo para la región natural, a pesar de las críticas que han hecho los ambientalistas al respecto.
Quienes adversan las políticas de Bolsonaro sobre el tema han advertido que, de continuar con el daño ambiental, este territorio que comparte con Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, podría quedar como una sabana africana.