El Ministerio Público de Venezuela vinculó a proceso a dos funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) por su presunta participación en el fallecimiento de Rafael Acosta Arévalo, el militar que se encontraba detenido por supuesta implicación en el intento de golpe de Estado contra el presidente, Nicolás Maduro.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó este lunes que tras emprender una “investigación objetiva, independiente e imparcial” se solicitó la detención preventiva del teniente Ascanio Antonio Tarascio y del sargento Estiben José Zarate, ambos elementos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La Fiscalía venezolana ha imputado a los acusados el delito de homicidio preterintencional con causal.
#AHORA El @MinpublicoVE, en atención al lamentable fallecimiento del ciudadano Rafael Acosta Arévalo y cumpliendo con el compromiso asumido el #29Jun, imputó este lunes a los ciudadanos Ascanio Antonio Tarascio y Estiben José Zarate por su presunta responsabilidad en el hecho pic.twitter.com/6jqF1fRx1P
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) July 1, 2019
El viernes 29 de junio, el Gobierno de Venezuela confirmó la muerte de Acosta Arévalo, quien fue detenido el pasado 21 de junio por supuesta implicación en el intento de golpe de Estado contra Maduro. El Ministerio Público lamentó el fallecimiento del militar y anunció celeridad en las investigaciones para esclarecer las causas del deceso.
Acosta estaba imputado por “graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”, junto a un grupo de civiles y militares retirados, que presuntamente participaron en la planificación de un fallido golpe de Estado previsto para el 23 y 24 de junio.
Aparentemente, estas personas estaban lideradas por el diputado opositor Juan Guaidó y pretendían realizar una serie de “acciones criminales”, según las declaraciones pasadas del fiscal general.
Según el Ejecutivo venezolano, durante 14 meses, los miembros de los cuerpos de Inteligencia venezolanos se infiltraron en las reuniones y videoconferencias, utilizadas para la planificación de esta serie de acciones violentas. El Gobierno tiene en su poder 56 horas de videos donde se detallan los planes desestabilizadores, que incluían además el asalto a las bóvedas de sede del Banco Central de Venezuela (BCV) y el robo en parques de armas militares.
