Se trata de Yazmín Juárez, de nacionalidad guatemalteca, quien perdió, en marzo de 2018, a su bebé de 21 meses, Mariee, tras estar confinada en un centro para inmigrantes en la frontera de Estados Unidos.
Juárez se presentó el miércoles ante el Comité de Derechos y Libertades Civiles de la Cámara de Representantes (Cámara Baja del Congreso) de EE.UU. para dar su testimonio de cómo perdió a su retoño.
“Si hoy puedo hacer un cambio, si puedo hacer la diferencia de contarles qué es lo que está pasando con las detenciones en el ICE (acrónimo en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), la crueldad, el corazón que ellos tienen en tratar a los niños, es sumamente injusto”, censuró sumida en llanto durante una rueda de prensa previa a la audiencia.
Juárez contó que llegó en abril de 2018, junto a su hija, a Estados Unidos, donde formuló una petición de asilo, tras lo cual estuvo detenida en un centro en Dilley (estado de Texas, sur), en el que le negaron la atención médica que su hija de 19 meses requería tras enfermarse por estar recluida en una “jaula fría”.
“Cuando el ICE finalmente nos soltó, lleve a Mariee inmediatamente al médico”, contó la madre, que dijo que para entonces era demasiado tarde y que su hija murió seis semanas después. “Vi a mi niña morir lenta y dolorosamente”, recriminó.
El manejo de la cuestión de los migrantes que entran de forma ilegal en Estados Unidos por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha provocado un enorme repudio tanto dentro como fuera del país norteamericano, y ha tomado más fuerza después de que varios legisladores demócratas y activistas, que visitaron los centros de detención, describieran las condiciones en dichos recintos como “una pesadilla” caracterizada por el hacinamiento y el acceso insuficiente a alimentos, agua y productos para satisfacer otras necesidades básicas.
La negativa de EE.UU. a recibir migrantes ha ido en aumento desde la campaña electoral de Trump en 2015, cuando en unos de sus mítines prometió construir “un muro” en la frontera con México, de unos 3200 kilómetros, para evitar la entrada de personas sin papeles en regla.
Desde entonces, el inquilino de la Casa Blanca ha dispuesto diversas medidas antimigrantes, entre ellas, militarizar la frontera con México, detener a miles de indocumentados y separar a los padres de sus hijos que habían logrado entrar en suelo estadounidense.
Los críticos denuncian que la postura “racista y xenófoba” de Trump hacia los migrantes y refugiados viola los derechos constitucionales de estos colectivos y de sus familiares.
