Eso es lo que dice un informe publicado este martes por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Y es que en los asuntos nefastos parecen ser demasiado a menudo campeones, y además por goleada.
Efectivamente, según la OLAF, el Estado español lidera la clasificación de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas en la gestión de fondos de Cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC), duplicando al segundo, que es Rumanía con 5.563.
Le siguen Polonia (5.103), Italia (4.117), Portugal (2.723) y Reino Unido (2.596). A la inversa de la lista están, Luxemburgo (2), Chipre (82), Malta (91), Estonia (144), Finlandia (155) y Suecia (175) son los socios comunitarios con menos irregularidades detectadas por la OLAF en la gestión de estos fondos.
La OLAF también detectó 1.614 irregularidades en el Estado español en el área de recursos propios tradicionales del bloque (derechos de aduana, derechos agrícolas y cotización del azúcar). En este apartado, Alemania fue el Estado miembro con más irregularidades (9.279), seguido de Reino Unido (4.624), Países Bajos (2.331) y el Estado francés (1.733).
Estos datos están incluidos en el informe anual presentado este martes por la OLAF, que en 2018 recomendó a las autoridades nacionales y comunitarias que recuperaran un total de 371 millones de euros por casos de fraude, una cifra que contrasta con los 3.095 millones que recomendó en 2017.
A lo largo del año pasado, la OLAF concluyó 167 investigaciones y emitió 256 recomendaciones a las autoridades de la UE y de los Estados miembros. También abrió 219 nuevas investigaciones tras los 1.259 análisis preliminares elaborados por sus expertos.
De todos los casos investigados por la OLAF y remitidos a los tribunales estatales, únicamente el 36% de ellos acaban con el procesamiento de sus responsables. En concreto, de los 318 casos entre 2012 y 2018 en los que se ha pronunciado las autoridades judiciales nacionales sobre un caso investigado por la OLAF, en 115 hubo imputaciones y se desestimaron los cargos en 203.
El organismo comunitario encargado de investigar casos de fraude con fondos europeos tenía abiertas 414 investigaciones al cierre de 2018, de las cuales 85 estaban relacionadas con la gestión de fondos estructurales y de cohesión.
