UJIR: Una chispa enciende el pajonal.

Años de miseria y opresión son el combustible del estallido social que hoy atestiguamos. Entre 1996 y 2005 el ascenso de la lucha de masas frenó el proyecto capitalista de saqueo de las riquezas nacionales y desconocimiento de las conquistas populares. Sin embargo, el liderazgo del campo popular recayó en el error de 1944 y renunció a un proyecto propio de toma del poder para colocarse a la cola de la burguesía reformista alimentando ilusiones sobre un proyecto de modernización capitalista.

De 2006 a 2017, la clase dominante intentó aplanar al movimiento de masas mediante el soborno y la persecución. El Estado financió la creación de sindicatos serviles y se dictó una legislación terrorista que criminalizó la protesta social. Todo apuntaba a lograr la paz social soñada por los opresores que permita el reparto a manos llenas de renta petrolera entre los grandes grupos económicos (La Favorita, ElJuri, El Rosado, etc.) y las transnacionales (Odebrecht, Halliburton), que durante este período obtuvieron ganancias nunca antes vistas (3.200 millones de utilidad para la banca).

Cientos de huelgas, levantamientos campesinos, paros antimineros junto con las grandes marchas obreras entre 2014-2015, y las manifestaciones de estudiantes en los colegios Mejía, Móntufar y Central Técnico demostraron que la lucha social continuó a pesar de los 750 líderes sociales acusados de terrorismo y sabotaje, de los miles de trabajadores expulsados de sus trabajos, de los estudiantes torturados por la policía y otros abusos que eran ocultados sistemáticamente por los grandes medios tanto oficialistas como opositores.

Al asumir el nuevo gobierno la presión social se expresó en los paros de arroceros y maiceros en la Costa, la protesta de pescadores en Puerto Bolívar, las manifestaciones estudiantiles por recorte de presupuesto, los conflictos obreros por los despidos masivos en el sector público y privado, y la creciente conflictividad por la entrega de nuestro territorio a las corporaciones mineras.

La contradicciones del capitalismo ecuatoriano condujeron de modo inexorable a la crisis económica que estalló en el 2013 y se profundizó en los años siguientes. Con el fin de mantener las altas tasas de rentabilidad, obtenidas con el festín del decenio, la burguesía considera necesario barrer con todas las conquistas de los trabajadores ecuatorianos, retrocediendo a condiciones de trabajo de inicios del siglo XX, al tiempo que direcciona los fondos de la salud y educación a los jugosos contratos de las alianzas público-privadas y concesiones.

El anuncio del Decreto 883 y las reformas laborales antiobreras convirtió la opresión y miseria de años en un estallido social. Al paro de los transportistas se unieron de inmediato los obreros, los campesinos de Costa y Sierra y los pobladores de los barrios. La juventud de los sectores populares de todo el país siente los efectos de la crisis en sus hogares, la falta de perspectivas de educación y empleo, y la violencia cotidiana de los cuerpos represivos del Estado burgués. Los jóvenes conformaron el grueso de los manifestantes en las ciudades, en tanto los campesinos de la Costa y las comunas indígenas de la Sierra salieron a la lucha contra la dictadura burguesa.

El régimen criminalizó la lucha popular utilizando bandas policiacas de provocadores que recurrieron al vandalismo y saqueos, un viejo truco de la maquinaria represiva. Se alentó el racismo contra las comunidades indígenas y se extendió el estigma de “salvajes” contra los pobres de las ciudades. El Estado desató la violencia de los cuerpos armados cobrando varias vidas y dejando a muchos con heridas y mutilaciones. Los ministros amenazaron al pueblo con la legislación terrorista del decenio de Alianza PAIS (en especial el Código Integral Penal) y los capitalistas incapaces de aceptar el conflicto social endilgaron toda la movilización al accionar de secta correísta. En radio y televisión, los periodistas exigían mano dura y trataban a obreros y campesinos de vulgares delincuentes, retomando el viejo argumento que justificó las masacres de 1922, 1929 y 1959. Toque de queda, censura mediática, represión indiscriminada configuran el estado de sitio contra los trabajadores del campo y la ciudad.

El pueblo trabajador no entró en el juego de las facciones burguesas (socialcristianos, democratacristianos, revolución ciudadana) y esbozó su propia reivindicación: derogación del Decreto 883, cese de la represión y restablecimiento de las libertades políticas.

Incapaces de aplacar la situación mediante la represión, el gobierno recurre a la Iglesia para tender la trampa de la negociación bilateral con el fin de fracturar la voluntad unitaria del campo popular e incluso de confrontar a obreros con indígenas. La única forma de evitar esto es continuar con la movilización, lograr que esta convoque a más y más sectores populares, conformar asambleas populares en todos los barrios, comités estudiantiles en todos los colegios y universidades, organizar Comités de Seguridad Obrera y Popular para evitar los actos de saqueo por los agentes infiltrados del Estado y los delincuentes, permitir el paso de alimentos para que los habitantes de los barrios populares se reabastezcan.

¡Por la derogatoria del Decreto 883!

¡Renuncia inmediata y enjuiciamiento del ministro Jarrín y la ministra Romo por sus crímenes contra el pueblo!

¡Retiro del proyecto de las reformas antiobreras!

¡La lucha nos da lo que la ley y el patrón nos niegan!

¡Con la fuerza de los trabajadores romper las leyes de los explotadores!

Organizarse es comenzar a vencer

Unión de la Juventud de la Izquierda Revolucionaria