Un equipo multidisciplinario de la delegación argentina de solidaridad con el pueblo boliviano denunció, con base en pruebas y testimonios recogidos los últimos días, que el gobierno de facto está cometiendo «delitos de lesa humanidad» desde la asunción de Jeanine Áñez.
La información, publicada por Telesur, advierte además que le fue imposible a esta misión seguir buscando evidencias sobre estos actos ilegales, pues fueron amenazados por esas mismas autoridades.
En particular, el grupo de profesionales y dirigentes sociales señaló a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la autoproclamada presidenta
Jeanine Áñez, como autor de amenazas explícitas contra su búsqueda de información.
En el aeropuerto de Santa Cruz fueron demorados e interrogados por la Policía, y también insultados y agredidos por un grupo de manifestantes de ultraderecha que siguen a Luis Fernando Camacho.
No obstante, el equipo presentó las conclusiones preliminares de una investigación que incluyó entrevistas con víctimas de la represión policial y del Ejército, vecinos de la ciudad de El Alto, líderes sociales, campesinos y originarios.
La delegación habló de «violaciones sistemáticas a los derechos humanos» tras haber corroborado delitos tales como la desaparición forzosa de personas, situaciones de tortura en espacios públicos, violaciones y delitos sexuales y falta de garantías procesales para los detenidos, entre otros crímenes
que dan cuenta de la situación de terror con la que se encontraron allí.
La misión argentina manifestó contar con material probatorio del «apoyo explícito» de países extranjeros en el Golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
