Los dos problemas centrales, la precarización y el abuso empresarial de un mercado laboral cuyo horizonte está lleno de incertidumbres, vulnerabilidad e inseguridad para toda la población activa, bien sea ocupada, subempleada o desempleada, no habrá solución sino se cambian de manera radical las reglas de juego, es decir, las normas laborales por las cuales se rige la relación salarial y de trabajo.
La EPA de octubre a diciembre 2019, para los “voceros mediáticos” y para la inmensa mayoría de la clase política, no es sino una muestra de síntomas de “buenas noticias”, donde las personas paradas son 112.400 menos y las ocupadas llegan casi a los 20 millones. Casi ninguno dice que ambas “cifras positivas” son las que menos han crecido desde el 2013.
La realidad “estadística” es que entran en ocupación 1.383.000 personas, mientras que las que salen de la ocupación, es decir pierden el puesto de trabajo son 1.395.000. A la vez que no se resalta que 156.000 personas han abandonado la estadística y se han “marchado” de la población activa en el último trimestre, ¿dónde?, pues claro está, o bien a la economía sumergida o han emigrado.
En el estado español hay menos trabajo que hace diez años: el volumen total de horas de trabajo, se encuentran en niveles muy parecidos a los del año 2009 y, si se afina un poco, nos encontramos con una media algo inferior a los 630 millones de horas, que se quedan casi 50 millones por debajo de las que se alcanzaban en el 2008, año donde la crisis estafa comenzó a surtir sus efectos.
Estamos hablando y viviendo lo que se conoce como el troceo del empleo, donde la jornada a tiempo parcial ya supone casi el 8% de todas las horas trabajadas, es decir 50,9 millones o, dicho de otra forma, una de cada tres personas tiene un contrato a tiempo parcial.
El abuso laboral por parte del empresariado, campa a sus “anchas”, respecto al trabajo no pagado (horas extraordinarias), y eso que en mayo 2019 entró en vigor un decreto de registro del tiempo de trabajo, pero el control de la Inspección de Trabajo está siendo cuando menos deficiente, el efecto en el empleo y en las arcas públicas (cotizaciones e IRPF) suponen que esas horas de tiempo de trabajo no pagadas se podían haber convertido en 63.000 empleos equivalentes de jornada completa en otoño, y 55.000 en verano.
Estamos hablando de una triple infracción: laboral, social y tributaria, con impago de salarios y cotizaciones sociales y de escamoteo de retenciones del IRPF de casi treinta millones de euros por semana. Esta ilegalidad se concentra en el comercio (345.100) y la hostelería (264.100), bolsas a las que siguen las voluminosas de la industria manufacturera (272.600) y la enseñanza (246.900) y las llamativas, por su elevada cuantía, en sectores de fuerte implantación sindical, 163.100 de las administraciones públicas y las 143.000 de la banca y las compañías de seguros.
Nos encontramos en una tesitura de cronificación del fraude y el abuso, que no reflejan sino la ausencia de derechos laborales y sociales originado por las contra reformas laborales de los últimos 33 años, que naturaliza la Injusticia Social y considera normal el “mercado del farwest”, en términos hispanos, el “mercado del señorito de la finca”.
Para la CGT ha llegado el momento de los hechos, ya no sirven bonitas palabras ni promesas electorales, ahora es el momento de derogar las Reformas Laborales y resto de normativa que han sumido a la clase trabajadora en una situación de precariedad y pobreza inaguantable por más tiempo.
De no ser así, CGT saldrá a la calle movilizando a la Clase Trabajadora para que la clase política se entere de que, gobierne quien gobierne tenemos Derecho a tener DERECHOS.