Luego de una investigación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha concluido que, si bien no existen “pruebas tangibles” para demostrarlo, hay indicios de que fue “deliberadamente orquestado” el incidente ocurrido a finales de 2019 junto a la embajada de México en La Paz, en el que se vieron involucrados representantes diplomáticos del país europeo.
Respondiendo a preguntas de los diputados en la Comisión de Exteriores del Congreso, donde ha comparecido para exponer sus prioridades, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado que fueron las autoridades interinas bolivianas las que “cometieron diversas infracciones de la Convención de Viena”.
Como ya ha avanzado el Gobierno a los grupos parlamentarios que registraron preguntas escritas sobre el asunto, la investigación ha concluido que los diplomáticos españoles –que terminaron siendo expulsados por Bolivia– actuaron en cumplimiento de las instrucciones que recibieron.
Esas instrucciones eran hacer una “visita de cortesía a la embajadora de México en Bolivia”, María Teresa Mercado, visita que, según ha precisado este jueves la ministra, era una “muestra de solidaridad ante el hostigamiento que estaba sufriendo” la diplomática mexicana por acoger a colaboradores del expresidente Evo Morales en la embajada.
Además, ha afirmado que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) que acompañaban a los diplomáticos “no violaron en ningún momento” la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, algo que sí hicieron las autoridades interinas bolivianas.
De hecho, hay pruebas de que estas autoridades “no protegieron la integridad y libre movilidad” de las personas y los vehículos con placa diplomática “ante acciones de terceros” y también de que la Administración interina “filtró fotografías y documentos de funcionarios españoles”.
La ministra española de Exteriores ha aprovechado para xigir respeto para los policías y los diplomáticos españoles, y ha pedido que no se dé crédito a noticias falsas o interesadas que se filtraron en redes sociales en esos días.
Tras el suceso, ocurrido el pasado 27 de diciembre junto a la embajada de México en La Paz, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez expulsó a varios diplomáticos españoles y a la embajadora mexicana, María Teresa Mercado.
La delegación de la Unión Europea en Bolivia mencionó en un comunicado su “profunda preocupación por la escalada de tensión diplomática que se ha saldado con la declaración de persona non grata de la encargada de negocios y del encargado de la sección consular de la embajada de España, medida que rechaza”.
La misión de la UE dijo que pidió al Gobierno boliviano una explicación “a la mayor brevedad” sobre las expulsiones. “La expulsión de funcionarios diplomáticos es una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad”, agregó.
Por su parte, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya había denunciado varias veces que su embajada sufría de “hostigamiento”, pues su acceso estaba controlado por policías de seguridad y vecinos, consideró que la expulsión de su representante fue una “decisión de carácter político”.
En Twitter, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, manifestó su reconocimiento a “la valiosa actuación de la embajadora María Teresa Mercado en Bolivia, quien ha cumplido cabalmente representando a México y su causa en favor del asilo y la paz”.
