En 1932 la sífilis se había convertido en una epidemia en la población rural del sur de Estados Unidos y los médicos decidieron crear un programa especial de no-tratamiento en el Hospital de Tuskegee, el único para negros que existía entonces en aquella localidad. Ocurrió muy poco después de la crisis económica de 1929.
Los matarifes, o sea, los médicos y científicos, seleccionaron a unos 400 varones negros sifilíticos y otro grupo similar de 200 no sifilíticos sirvió de control. Su objetivo era comparar la salud y longevidad de la población sifilítica no tratada en comparación con el grupo control. A las personas seleccionadas no se les informó de la naturaleza de su enfermedad y les dijeron que tenían “mala sangre”. Además, les ofrecieron algunas ventajas materiales, incluso sanitarias, que en ningún caso incluían el tratamiento de su enfermedad.
En 1936 comprobaron que las complicaciones eran mucho más frecuentes en los infectados que en el grupo control, y diez años después resultó claro que el número de muertes era dos veces superior en los sifilíticos. A pesar de que la penicilina estuvo disponible desde los años cuarenta, en ningún momento recibieron tratamiento; a los médicos nunca les importó que sin el antibiótico su esperanza de vida se redujera en un 20 por ciento.
En este caso la ideología anticolectivista imperante en Estados Unidos no fue obstáculo para que los derechos individuales de las personas fueran sacrificados en aras de un supuesto bien “común”, aunque en realidad los pobres debían sacrificarse en interés de una investigación cuyos beneficiarios serían los más privilegiados de la sociedad. En 1947 se aprobó el código de Nuremberg y en 1964 la Declaración de Helsinki que, además del consentimiento informado del paciente, dispone que en toda investigación con seres humanos el bienestar de la persona prevalezca siempre sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. El médico, antes que investigador, es el protector de la vida y la salud de su paciente, y la persona que participe en una investigación debe recibir el mejor tratamiento disponible.
A pesar de la promulgación de la normativa, la investigación continuó, publicándose 13 artículos en revistas médicas. Ningún científico protestó, hasta que en 1972 la prensa denunció los hechos. Para entonces 74 de los pacientes del estudio seguían vivos, 28 habían muerto directamente de sífilis, 100 habían muerto por complicaciones relacionadas, 40 de sus esposas se habían infectado y 19 de sus hijos habían nacido con sífilis congénita.
En 1997, en presencia de cinco de los ocho supervivientes presentes en la Casa Blanca, Bill Clinton pidió disculpas formalmente a las víctimas del experimento: “No se puede deshacer lo que ya está hecho, pero podemos acabar con el silencio […] Podemos dejar de mirar hacia otro lado. Podemos miraros a los ojos y finalmente decir de parte del pueblo americano, que lo que hizo el gobierno americano fue vergonzoso y que lo siento”. Las buenas palabras sustituyeron a los juicios y las cárceles. Aquellos médicos que utilizaron a los pobres como cobayas humanas, así como sus cómplices y colaboradores no resultaron sancionados por el crimen que habían cometido.
