Estados Unidos amenaza a los familiares de los miembros del Tribunal Penal Internacional.

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El Tribunal Penal Internacional ha abierto una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán. El Secretario de Estado, Mike Pompeo, ha respondido amenazando con castigar a los miembros del Tribunal y a sus familiares.

Pompeo ha asegurado que Washington tomará medidas punitivas contra ellos si el Tribunal juzga a los soldados estadounidenses por crímenes de guerra.

En marzo del año pasado el Departamento de Estado amenazó con revocar o denegar los visados a todo el personal del Tribunal Penal Internacional que investigará los crímenes cometidos por las tropas estadounidenses.

Un año más tarde, el 5 de este mes, el Tribunal dio un paso adelante al aprobar formalmente una investigación sobre las denuncias de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por el ejército de Estados Unidos y la CIA en Afganistán.

Pompeo respondió condenando al Tribunal y sus procedimientos. Su reacción fue un aparente intento de desacreditar la institución, de la que Estados Unidos no forma parte.

En una posterior reunión informativa con la prensa celebrada el 17 de este mes, Pompeo lanzó otra diatriba contra el Tribunal, degradándolo a “supuesto tribunal”, “órgano abiertamente político” y “una vergüenza”.

El antiguo director de la CIA llevó la denuncia aún más lejos, amenazando a los familiares de la plantilla del Tribunal. “Queremos identificar a los responsables de esta investigación partidista y a sus familiares que puedan querer viajar a Estados Unidos o participar en actividades incompatibles con la protección de los estadounidenses”, dijo Pompeo, según la transcripción oficial del Departamento de Estado.

Esta amenaza de Estados Unidos contra los familiares de los miembros del Tribunal Penal Internacional forma parte de una pauta histórica más larga de ataque de Washington a las instituciones internacionales que no siguen sus instrucciones.

Al comienzo de la llamada “guerra contra el terrorismo” emprendida por Bush en 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley llamada “de protección de los miembros del servicio, aunque se la conoce como “Ley de Invasión de La Haya”.

Esta legislación, que no tiene precedentes en ninguna otra parte del mundo, declara que el gobierno de Estados Unidos se concede a sí mismo unilateralmente el derecho a invadir militarmente La Haya si un ciudadano de Estados Unidos o de un país aliado es juzgado en un tribunal internacional.

Las amenazas de Pompeo tampoco son las primeras. El gobierno de Washington se ha caracterizado por atacar a miembros de las familias de organizaciones internacionales.

José Bustani, ex director de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), dijo que John Bolton, ex subsecretario de estado con Bush y asesor de seguridad nacional de Trump, lo amenazó a él y a su familia cuando Bustani negoció con el gobierno irakí para permitir el ingreso de inspectores de armas de la OPAQ a Irak.

“Tiene 24 horas para abandonar la organización, y si no cumple con esta decisión de Washington, tenemos formas de tomar represalias contra usted”, le dijo Bolton a Bustani, al más puro estilo matón. “Sabemos dónde viven sus hijos. Tienes dos hijos en Nueva York”.

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