Se acabó la pedagogía

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Estrella Alonso.— Superada la primera semana de cuarentena, hemos podido comprobar los primeros efectos de las medidas del gobierno: ERTEs a cascoporro; vulneraciones de derechos laborales, no solo en cuestiones de salud laboral si no también con despidos improcedentes; o vacaciones obligatorias sin comunicación previa. Ahora, también, estamos comprobando que ha acabado el periodo de pedagogía de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Así comenzaba a rendir cuentas de lo actuado el jefe operativo de la Policía Nacional para trasladarnos unos datos que a nadie deja indiferente: 350 detenidos y más de 30.000 multados. Pero, ¿por qué?

A muchos nos habrán llegado vídeos de personas que han aprovechado el confinamiento para hacer la tontería viral de la cuarentena. Eso es lo que pasa cuando se fomenta el individualismo y todo vale por ganar fama o mostrar quién es el más valiente del portal. No hay concepto de bienes colectivos importantes, como la salud, que hay que proteger entre todos con disciplina social. Ni mucho menos. Esta sociedad fomenta y premia el egocentrismo, por lo que ahora no cabe que pidan peras al olmo.

¿Eso se soluciona con multas? ¿Cómo ha funcionado la pedagogía, que ya ha acabado, de los cuerpos y fuerzas de seguridad? Estaría bien saber a cuántos convencieron y cuántas llamadas de atención, pero no multas, ha habido.

Aún estaría mejor saber por qué se ha multado. La respuesta puede ser obvia desde las ventanas: por salir de casa, que quién te manda durante la cuarentena. Sin embargo, por lo que nos pueden multar es por estas leyes ya vigentes:

Por un lado, la Ley Mordaza (LO 4/2015 de protección y seguridad ciudadana) que permite las multas de 601 a 30.000€ por desobediencia o resistencia a la autoridad y que se sabe cómo la usan de bien nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. En el mismo sentido la Ley de Protección Civil (Ley 17/2015) sanciona el incumplimiento de órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos con multas de 1.501 a 30.000€

Por otro lado, la Ley General de Salud Pública sanciona las conductas que puedan producir un riesgo o un daño grave a la salud de la población con multas a partir de 3.001€ hasta 600.000€ en caso muy grave.

Y en último lugar, el Código Penal tipifica la resistencia y desobediencia grave a la autoridad, pero también las infracciones a las normas de prevención de riesgos laborales y otras obligaciones, cuando no se faciliten los medios necesarios para que los trabajadores realicen su actividad sin poner en peligro grave su vida, salud o integridad.

Conocemos que las multas de desobediencia se están imponiendo, desconociendo si también por poner en riesgo la salud pública. Lo que tampoco sabemos es si realmente ayudarán a superar la emergencia sanitaria o solo servirán para empeorar la situación económica de alguno que se pasó de listo, o peor, para reforzar ciertos abusos que comenten los cuerpos y fuerzas de seguridad. Espero que al menos llamen al abogado de oficio para que le defienda, pues como faltan medidas de seguridad, es probable que la asistencia letrada sea solo por videoconferencia durante la declaración judicial.

Pero, ¿se multará a las empresas que han obligado a trabajar a sus trabajadores sin condiciones? ¿Se perseguirá por la Fiscalía General a los empresarios que no han puesto medios de seguridad y han provocado la infección de varios de sus trabajadores e incluso fallecimientos? Sólo si lo exigimos desde las organizaciones de trabajadores conseguiremos que también los patrones sufran las consecuencias de la crisis sanitaria.

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