El PCE de León ha emitido un comunicado para denunciar la situación que se ha puesto de manifiesto en las residencias de mayores con la crisis sanitaria y social que estamos padeciendo con la pandemia COVID-19.
Iván Pastrián ha calificado de “perversa e indignante” la situación, tras “años de privatizaciones y externalizaciones que han puesto en peligro la vida de quienes lo han dado todo y que merecen todo el respeto y un trato digno.”
Para el PCE la mercantilización de lo público frente a la “rentabilidad social” es un valor muy peligroso que “sólo beneficia a grandes empresas que encontraron en los servicios sociales un nicho de mercado”.
Según datos del CSIC en León existen 77 residencias privadas, con 5575 plazas, frente a 34 públicas, que albergan a 1969 personas mayores. Pastrián ha denunciado que “las cifras son frías, pero hablamos que se ha dejado en manos de especuladores y fondos buitres, el cuidado y la vida de más de 5000 mayores”.
“La muerte de nuestras y nuestros mayores en las residencias y las condiciones de vida de estos y de las personas que allí trabajan han destapado la cruda realidad de cómo se anteponen el beneficio empresarial a la vida. El capitalismo mata”, sentencia amargamente el PCE. A día de hoy, la mayor parte de las empresas que controlan el sector pertenecen a empresas que provienen del sector del ladrillo y que han encontrado un nuevo nicho de mercado gestionando el dinero público, cómo el grupo CLECE o SERALIA. Algunas investigados por tramas de corrupción como Ulibarri o implicadas en el caso Castor como Florentino Pérez.
El PCE recuerda que el movimiento feminista lleva tiempo denunciando “la crisis de cuidados, aquello que las mujeres venían haciendo en sus casas de manera gratuita, y que hoy siguen haciendo en el mercado de forma muy precaria y sin derechos”.
El PCE en León denuncia y exige al gobierno autonómico responsabilidades por haber facilitado esta situación y urge resolver el estado actual de “total indefensión de las personas mayores”. Piden la intervención de la Junta de Castilla y León en las residencias privadas concertadas, y públicas con gestión privada, para garantizar que ninguna persona, ni residente ni trabajadora, ponga en peligro su vida durante la crisis del COVID-19. Exigen investigar si en alguna residencia se cursó orden de no enviar a personas con síntomas a los hospitales. Además, reclaman mejorar las condiciones de las trabajadoras de las residencias
Iván Pastrián, ha concluido que “cuando terminemos con el Coronavirus hay que replantearse todo. Los servicios esenciales no pueden ser un negocio. El sistema de cuidados, debe estar únicamente en manos de lo público”.
