En un acto que es en sí característico de la mayor demagogia, pero propio de su estilo personal de gobernar, Andrés Manuel López Obrador impuso sin hacer ruido la firma del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), hoy lunes 11 de mayo, y por el cual Ejército y Marina retoman las calles del país. Así cae la fachada de la Guardia Nacional, queda al descubierto la verdadera naturaleza de la reforma aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión el 26 de marzo de 2019.
La creación de la Guardia Nacional nunca fue el objetivo de la reforma, ésta fue el medio para legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en tareas de “seguridad pública”. Sin falsos argumentos y sin ninguna declaración de guerra contra el crimen organizado, simplemente hoy nos enteramos que ha dado por concluido su plan de combate a la delincuencia con medidas paliativas; al tiempo que confirma la frase “abrazos no balazos” como mera retórica que velaba sus propósitos políticos.
A diferencia de lo que en su momento hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes no contaron con un marco legal que regulara las actividades del Ejército y la Marina en labores policiacas, hoy el presidente López Obrador ha echado mano del artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Los denominados cárteles siempre han sido funcionales al Estado burgués. Ya sea por los vínculos orgánicos que tienen con el Estado y por la violencia que le permite a éste el pretexto para militarizar las calles; sea porque aquellos le hacen el trabajo sucio matando a luchadores sociales, periodistas, ambientalistas y dirigentes políticos incomodos, como no ha dejado de pasar en lo que va del presente sexenio. Pero además si los motivos del decreto son el combate al crimen organizado, éstos no se sostienen. Es previsible que en el presente periodo muchos empresarios quebrados por la crisis económica, acentuada por la pandemia del Covid-19, sellaran alianzas con esos grupos criminales para salvar de la ruina sus negocios a cambio de blanquearles su dinero. De todo esto el propio presidente ha dado elementos de confirmación: aquel saludo a la mamá del Chapo Guzmán o su benevolencia con este personaje.
Afirmamos que el gobierno actual ha firmado este decreto aprovechando su propio uso político de la pandemia y canalizando a su favor las pugnas entre los grupos de poder económico. No es casual que el decreto se dé justo cuando se prepara el levantamiento de la cuarentena para que los trabajadores regresen en masa a la producción. Esto mismo ha permitido en todo el país la implementación de medidas de control a través de diferentes cuerpos policiacos, estatales y municipales, o bien dependencias como Protección Civil. El periodo de confinamiento ha sido aprovechado para militarizar de manera silenciosa pero apresurada la vida pública del país.
Es menester ratificar que el Decreto solo confirma lo que ya ocurría en distintos puntos del país. El Decreto no está, por otro lado, desligado de otras acciones encaminadas al mismo fin, militarizar la conducción de la sociedad: administración militar de hospitales públicos; mayor participación de la Defensa Nacional en la gestión política del país; inclusión de la jefatura de las Fuerzas Armadas en la distribución de la riqueza producto de la explotación asalariada y conformación de entidades empresariales a su interior; desarrollo de funciones patronales del ejército en instituciones públicas; y diversas acciones de co-gobierno con las autoridades de la burguesía: toques de queda ilegales, labores de distribución de alimentos, transporte y producción de insumos o mercancías, etc.
Es con las acciones de mayor militarización –previas, simultáneas y derivadas del actual decreto– como el Gobierno de la Cuarta Transformación se confirma como un gobierno reaccionario y ajeno a todo proceso transformador. El decreto no es un simple restablecimiento de las condiciones represivas del periodo 2006-2018, sino un desarrollo de las mismas por los monopolios; que implica una participación cada vez más grande de los militares en labores de autoridad civil y no exclusivas del ámbito de la seguridad. Frente a los actos de gobierno de las Fuerzas Armadas en los barrios, los hospitales y las ciudades, el Partido Comunista plantea la alternativa: gobierno de la clase obrera, de los sectores populares, de los trabajadores de salud, del magisterio, etc. Es decir, lucha por el Poder Obrero, por el socialismo-comunismo.
Por todo ello el Partido Comunista de México advierte que esta medida no es para el combate de los cárteles, sino para inhibir y reprimir la protesta, la inconformidad y la insumisión que vendrá por parte de la clase trabajadora y los sectores populares, sea organizada o espontáneamente. Denunciamos el carácter militarista del presidente de México y llamamos a los obreros y los sectores populares a fortalecer la organización y la solidaridad sindical, barrial, popular y política para la solución de los problemas inmediatos que va a crear entre ellos el retorno a los centros de trabajo.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, organizaciones políticas y sociales que en anteriores gobiernos han sido críticos de la militarización, que han denunciado el papel del Ejército en los últimos sucesos represivos tales como Ayotzinapa, Tlatlaya y múltiples crímenes durante la “Guerra contra el narcotráfico” a que luchemos por echar abajo esta medida represiva; en el PCM cuentan con un aliado para la movilización contra esta medida que lacera a todos los que luchamos por cambios en nuestro país.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de México
