Gobierno de facto de Bolivia advierte de una “catástrofe sanitaria” en un barrio de Cochabamba por protestas, pero no habrá diálogo

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Las manifestaciones comenzaron contra la extensión de la cuarentena y ahora se han sumado otros pedidos: cierre de un botadero de basura, dotación de agua y la renuncia de Áñez a la Presidencia.

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El ministro de Trabajo del Gobierno de facto de Bolivia, Óscar Mercado, dijo este lunes que en K’ara K’ara, un barrio de la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, hay una “catástrofe sanitaria”, debido a las protestas que se mantienen en el lugar desde la semana pasada.

Los manifestantes bloquean el acceso al vertedero municipal, ubicado al sur de la urbe; por lo que muchos camiones, cargados de basura, se encuentran varados. Además, se ha acumulado la basura en toda la zona.

“Es una irresponsabilidad de los movilizados generar una situación de esa naturaleza en momentos de pandemia, en momentos en que el coronavirus está de subida en el departamento”, dijo Mercado.

Añadió que el Gobierno central, que dirige la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, no dialogará con los manifestantes, que piden la presencia de representantes del Estado para resolver el conflicto.

Al respecto, Mercado señaló que la situación es responsabilidad de las autoridades locales, a las que llamó la atención: “la Alcaldía y la Gobernación son actores centrales en la solución de esta problemática, pero están brillando por su ausencia“, dijo.

Mercado también insinuó que la “inacción” de estas autoridades podría estar ligada “a intereses de orden político”.

¿A qué se debe la protesta?

Las protestas comenzaron el pasado lunes 11 de mayo, cuando un grupo de ciudadanos se alzó y bloqueó algunos puntos de K’ara K’ara, en rechazo a la ampliación, hasta el 31 de mayo, de la cuarentena obligatoria en Cochabamba por la pandemia del coronavirus.

“Ya no tenemos comida ni dinero. Queremos volver a trabajar”, dijo uno de los manifestantes ante la cámara de Bolivia TV. Otro, declaró a Bolivisión: “No podemos seguir así, necesitamos salir a trabajar”.

Esa noche, fuerzas policiales y militares reprimieron las manifestaciones con gases lacrimógenos. La acción de las fuerzas de seguridad aumentó el descontento, por lo que los manifestantes reforzaron los bloqueos y se han mantenido en las calles desde entonces.

También, aumentaron las razones para protestar. Al pedido de culminación de la cuarentena se sumaron el cierre del botadero de basura, dotación de agua gratuita, así como la renuncia de Áñez a la Presidencia, de su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y la convocatoria a elecciones generales.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, ya advirtió el pasado viernes 15 de mayo con la posibilidad de volver a “usar la fuerza”, tras informar que los manifestantes, presuntamente, están siendo financiados por políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS), agrupación que ha negado las acusaciones.

Por su parte, los concejales locales Edwin Jiménez y Carlos Coca presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía contra los organizadores de los bloqueos, por el delito de atentado contra la salud pública.

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