La Paz, 22 may (RHC) En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, las Fuerzas Armadas bolivianas dan un ultimátum de una semana al Senado para ratificar los ascensos a generales.
“Si recibimos una respuesta negativa, vamos a proceder como establece nuestra normativa, en nuestra reglamentación y apoyados en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas del Estado, la instancia que aprueba los ascensos es el comando en jefe de las Fuerzas Armadas”, dijo el jueves el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), general Sergio Carlos Orellana, en una rueda de prensa.
El gobierno de facto, presidido por Jeanine Áñez —quien se autoproclamó en pasado noviembre, tras la renuncia del expresidente Evo Morales—, envió en febrero de este año la lista de ascensos en el Ejército, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea, pero el Senado evitó darle celeridad al trámite, al explicar que la prioridad del Legislativo era tomar acciones ante la pandemia del nuevo coronavirus.
La presidenta del senado, Eva Copa, criticó el mismo jueves la advertencia del jefe militar, afirmando que de consumarse los ascensos al grado de general en las Fuerzas Armadas por la vía de un decreto supremo, se pondrá en evidencia que el gobierno de Añez es de facto, hostil al sistema democrático en Bolivia y con “acciones propias de una dictadura”.
La senadora lamentó que el gobierno autoproclamado apele a esta maniobra jurídica sin la aprobación de la Cámara de Senadores, lo cual violaría el artículo 160 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que es el Senado donde se ratifican los ascensos, a propuesta por el Gobierno.
La polémica de los nombramientos militares ha generado varias condenas por considerar que tal actitud es propia de los regímenes militares y viola la constitución de la nación.
Por su parte, el depuesto presidente boliviano, Evo Morales, que se encuentra bajo el estatus de refugiado en Argentina tras el golpe de Estado en su contra, remarcó que las Fuerzas Armadas no pueden deliberar en lo que a ascensos se refiere y alertó de la violación institucional que supone cualquier tipo de presión a los órganos del Estado.
Según el exmandatario, la advertencia se trataba de un tercer golpe de Estado contra su país. El primero fue en noviembre cuando Morales se vio obligado a dejar la Presidencia y el segundo ocurrió cuando Áñez debía dejar el poder el 22 de enero cuando oficialmente culminaba el mandato de Morales, pero continuó en el poder hasta que se celebren los nuevos comicios generales, a los que también se presenta como candidata.
