Varios movimientos sociales y organizaciones sindicales de Colombia, en una manifestación realizada el miércoles frente a la a la embajada de Estados Unidos en Bogotá (la capital), mostraron su firme oposición al anuncio de la Casa Blanca respecto al envío de unos 800 militares a Colombia, para colaborar con las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra el narcotráfico.
Los manifestantes, gritando consignas como “Abajo la brutalidad policial”, “Fuera los marines de Colombia” y “Abajo el intervencionismo de Trump (el presidente de Estados Unidos)”, rechazaron la presencia de los militares estadounidenses en el país caribeño.
En esta misma línea, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, mediante un comunicado emitido en la misma jornada en su cuenta de la red social Twitter, refutando esta medida de la Casa Blanca, enfatizó que “las voces del pueblo colombiano en rechazo a la entrega de su soberanía a EE.UU., se han hecho sentir con fuerza en los últimos días. Instituciones, partidos, personalidades y el pueblo en la calle, han hablado alto y claro, defendiendo la paz y el respeto a Venezuela”.
También, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular mediante un comunicado publicado en la misma jornada, denunciando el Gobierno “criminal” de EE.UU. y el Gobierno “traidor” de Colombia, manifestó que Washington trata de invadir militarmente Venezuela a través de la frontera con su vecino.
Ante tal decisión, la agrupación internacional de líderes progresistas de América Latina, Grupo de Puebla, también refutó enérgicamente la llegada de tropas “ilegales” de Washington a Bogotá, advirtiendo que el envío de la brigada perteneciente a la Fuerza de Asistencia de Seguridad del Ejército de Estados Unidos, (SFAB por sus siglas en inglés) en Colombia solo “elevará la tensión” con Venezuela.
El anuncio de EE.UU. y Colombia ha generado una ola de críticas dentro de la nación latinoamericana, sobre todo por representantes de la oposición colombiana, miembros de fundaciones defensoras de los derechos humanos, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la Fundación Paz y Reconciliación y varios senadores.
