Damasco, SANA.— El presente mes marca una intensificación del bloqueo y las sanciones contra Siria a partir de la ejecución de una denominada Ley César y apoyada desde la Unión Europea para ahogar a una nación sometida, además a una guerra terrorista sin precedentes en el Oriente Medio.
Esta vez, las sanciones estarán aplicándose a todas las naciones, empresas y personalidades que intenten colaborar con esta nación del Levante y por ende, contra entidades de Rusia, Irán, China e India, fundamentalmente.
La denominada Ley César, nombrada así por un infiltrado al servicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que manipuló y falsificó datos sobre la situación en esta nación del Levante, fue ratificada por el presidente Donald Trump en el 2019 y está incluida en los 738 mil millones de dólares del presupuesto aprobado para el Pentágono.
No es casual que esté dirigida en su aplicación al sector del petróleo y gas sirios, con pérdidas superiores a los 225 mil millones de dólares, en cuya recuperación colaboran empresas rusas e iraníes y en el cual esta nación del Levante era autosuficiente antes del 2012.
Dicho sector es también, el generador principal de la energía en Siria, tanto para uso industrial como doméstico, con serias afectaciones para adquirir piezas de repuesto, insumos y sistemas automatizados que ahora se suman con especial rigidez al bloqueo económico, comercial y financiero.
De igual forma, se incrementan las afectaciones a las comunicaciones, con mayores limitaciones al uso de los sistemas satelitales, internet y redes sociales, públicas y privadas, y contribuye a una notable disminución del valor de la libra siria, que en el 2012 estaba cotizada a 64 por dólar y hoy en día pasa de 700 y continúa en una línea de desvalorización que daña la economía de millones de nacionales.
Asimismo, la mencionada Ley forma parte de la política injerencista de Washington contra Rusia, Venezuela, Cuba, Irán y China en el plano financiero y económico en general, además de contravenir cualquier resolución de Naciones Unidas al respecto.
Desde el 2004, la entonces administración de Barack Obama impuso sanciones a Siria, vinculadas al incremento de la guerra terrorista, el financiamiento y asesoría a las organizaciones extremistas y contribuyó a reducir en más del 25 por ciento el Índice de Desarrollo Humano programado por la ONU y que se suma a más de 200 personalidades del gobierno, empresarios y dirigentes sirios, así como a una cifra superior de 70 entidades nacionales.
La arbitrariedad de esas sanciones y medidas abarca un amplio prisma y limita con creces las gestiones de entidades privadas y estatales de Siria, como el grupo inmobiliario Bina, el Fondo de Inversiones Al Mashek, el conglomerado empresarial Hamsho, la constructora de viviendas Al Askari, el Banco Estatal y el Comercial Sirio-Libanés, entre otros.
En consonancia con este panorama, la Unión Europea prolonga año tras año, desde el 2012, la congelación de cuentas bancarias sirias, la de préstamos acordados, el cierre de todo trato comercial -incluso los destinados a insumos para la salud y la tecnología- y desde esa época dejó de enviar a Siria el papel moneda impreso, en violación absoluta de normas jurídicas internacionales.
Todo contribuye a un seria falta de liquidez en divisas de Siria y que lesiona el modo de vida de la población, la infraestructura de servicios y en particular, la lucha contra la pandemia del Coronavirus, además de suceder en momentos en que el Ejército sirio gana terreno en el combate contra el terrorismo y la injerencia extranjera desde Occidente.
Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados, a las que se suman las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), controlan importantes yacimientos de gas y petróleo en áreas de las provincias de Raqqa y Deir Ezzor y la presencia militar turca, junto al presunto Frente Nacional de Liberación, antiguo Ejército Libre Sirio, tienen interés en los yacimiento de fosfatos al oeste y sur de las de Hasaka, Idlib y Alepo.
La escalada del bloqueo significa también que las pérdidas económicas de Siria, actualmente cifradas en más de 400 mil millones de dólares, se incrementarán para intentar destruir a esta nación del Levante que antes de la guerra impuesta tenía indicadores favorable como el crecimiento sistemático del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un dos y cuatro por ciento anual, entre otros aspectos.
Fuente: Prensa Latina
