martes, septiembre 29, 2020
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A punta de decretos desmontan Estado Plurinacional de Bolivia

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Lo que sucede hoy en Bolivia, concretamente con la dictadura de Jeanine Áñez, podría calificarse como una tragicomedia, si no fuese por el hecho de que el país es arrastrado a alta velocidad al abismo por un desgobierno plagado de escándalos.

Hace poco, a título de austeridad, fueron borrados de un plumazo tres ministerios: el Ministerio de Culturas y Turismo, el Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Deportes y no hay para ello una razón creíble. A todas luces, esta medida es parte de un plan mayor.

El presupuesto destinado a esos tres ministerios es de 245 millones de bolivianos equivalentes a 35 millones de dólares aproximadamente, mientras que el monto asignado a la seguridad del Estado y al Ministerio de la Presidencia supera los 8.800 millones de bolivianos (1.257 millones de dólares). Entonces la pregunta pertinente es ¿de qué se trata todo esto?

La pandemia del coronavirus le ha dado a Áñez, pero principalmente a sus mentores, las condiciones perfectas para hacer y deshacer el país, mientras el pueblo pasa hambre, frío y tiene temor al contagio.

Hoy están en juego muchos intereses económicos, pero ante todo el Estado Plurinacional, que hoy está siendo demolido. Las empresas estatales que hasta hace poco sostenían gran parte de la economía del país (y aún continúan a pesar de los embates), están siendo mal manejadas y desfalcadas a propósito.

Esa al parecer es la primera etapa del plan: primero quebrarlas, para luego dizque salvarlas con medidas privatizadoras. El principal socio de la autoproclamada, Samuel Doria Mediana, no oculta esos planes, lo ha dicho en un evento público donde expresó: «Ya no más empresas públicas» porque a partir de ahora, según sus planes, serán para los emprendedores.

El modus operandi es el mismo: el desmontaje del Estado Plurinacional mediante decretos, de la misma manera en que se implementó el neoliberalismo hace 35 años.

En 1985, el expresidente Víctor Paz Estensoro, para imponer las recetas económicas de shock, acudió al miedo diciendo «Bolivia se nos muere» y logró mediante decretos, sin contar con el Parlamento, imponer el modelo neoliberal y la privatización de las empresas estatales.

Uno de los personajes que fue parte de esa historia, que duró más de dos décadas, es justamente Doria Mediana, estrecho consejero de la actual presidenta, quien entre 1991 y 1993, fungió como ministro de Planificación y se benefició de varias empresas que él mismo privatizó.

De acuerdo a las investigaciones de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización del parlamento boliviano «desde 1985 hasta 2005, el total del daño económico ocasionado al Estado, por la enajenación de empresas públicas y recursos naturales llega a un estimado de 22.051 millones de dólares».

El referido informe indica que los gobiernos neoliberales involucrados en el funesto proceso de privatización abarcan los Gobiernos de «Víctor Paz Estensoro y Julio Garret Ayllón, Jaime Paz Zamora y Luis Ossio Sanjinés, Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga y finalmente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert».

En enero de 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó dicho informe de la Comisión parlamentaria y dispuso que el mismo sea remitido al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para su conocimiento y consideración en el marco de sus atribuciones constitucionales. Por ahora, todo ese procedimiento está paralizado.

La mal llamada capitalización, aplicada en los años 80 y 90, fue promovida por instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial y por economistas como Jeffrey Sachs, experto en la aplicación de políticas de shock.

Por cierto el afamado economista fue considerado como el Gurú para aplicar el modelo neoliberal y en especial del decreto 21060, que dejó en la calle a miles de familias bolivianas durante el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro y generó una masiva resistencia popular. Miles de dirigentes sindicales y huelguistas fueran apresados y centenares de ellos sometidos a régimen de confinamiento en lugares remotos.

El neoliberalismo y su corolario, la privatización, empobreció a Bolivia y dejó en manos privadas su riqueza durante varias décadas, hasta que, en 2006, Evo Morales recibió el mandato del pueblo boliviano de retornar esas riquezas a manos del país.

Préstamos condicionados y militares privilegiados

No se debe descartar que el nuevo plan de privatización esté listo y que el achicamiento del aparato estatal (desaparición de Ministerios) sea parte de un condicionamiento para recibir préstamos como el otorgado por el FMI.

A la dictadora y a su Gobierno, le queda claro que para mantenerse en la silla presidencial necesita a la Policía y a los militares, bien apertrechados con muchos gases lacrimógenos a mano, con bonos y sueldos acordes a su temporal lealtad.

Esos mismos jefes militares y policiales que otrora llenaban de zalamería a Evo Morales y a Álvaro García Linera, logrando así incrementar sus privilegios, son quienes hoy sostienen al actual Gobierno.

El expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé ha criticado esos privilegios, pues «asignar más de Bs. 24 millones —3,4 millones de dólares— para botas de combate para 50.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en tiempos de emergencia sanitaria es un despropósito. Hay otras prioridades».

Mientras la población está recluida en sus casas, Jeanine Áñez sale de vez en cuando a leer sus discursos, en tanto, los operadores más activos, el ministro de Gobierno y de Defensa se campean en los medios de desinformación amenazando a diestra y siniestra.

Uno de los momentos más patéticos del actual Gobierno se pudo observar en las palabras de un exministro, al creer que lo cultural y político se define por el color de piel y de ojos, cuando se describió a sí mismo como una adonis de ojos verdes, crespo y piel blanca. Esos dichos ahora no podrán procesarse, pues ya no existe el viceministerio descolonización, que era parte del Ministerio de Culturas.

Momentos como ese hay muchos a diario, y genera mucha vergüenza constatar que las fuerzas que se hicieron del poder en Bolivia ni se ruborizan siquiera cuando alguno de ellos dice alguna barrabasada.

Bolivia durante varios años fue reconocida internacionalmente como un país plurinacional donde luego de casi 500 años se reconoció oficialmente sus 36 culturas, con sus idiomas. Un país que quiere y debe luchar contra la discriminación que aún campea en la sociedad.

Por otro lado, es cierto que la autodeterminación de un país como Plurinacional, no depende de un Ministerio, o de una presidenta fantoche, sino de una mayoría que así lo decidió al aprobar la constitución política en 2009. No obstante, se necesita de las políticas gubernamentales para generar incentivo y desincentivo.

El actual superministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas tendrá supeditado a su autoridad al ministerio de Culturas y eso aún más patético. Cárdenas fungió como vicepresidente del expresidente del privatizador Gonzalo Sánchez de Lozada (quien aún debe rendir cuentas a Bolivia por la masacre de 2003), es conocido por su posición ideológica ultraconservadora y oscurantista.

Cárdenas «rechaza el aborto legal en niñas violadas porque serían aptas para concebir un bebé» y propone que para enfrentar la violencia contra las mujeres, deberían portar armas. «Autoricemos el uso de armas pero no a cualquier loca», dijo.

Escándalo tras escándalo

La lista de denuncias de corrupción, escándalos de abuso de poder, de uso indebido de bienes del Estado, de corrupción es inacabable y no alcanzaría nombrarlos a todos:

  • la venta ilegal de cargos, cobro de comisiones, gastos irregulares en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel);
  • mal manejos de BoA, la empresa aérea boliviana;
  • denuncias de sobreprecios en la compra de combustible, alimentos y seguros en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB);
  • uso indebido de bienes del Estado, como el transporte de personas particulares en aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para fines no oficiales, etc.

Dos temas especiales no han quedado al margen de la angurria de los inescrupulosos: las denuncias de sobreprecios en compra de gases lacrimógenos, la compra irregular e inútil de respiradores para enfrentar al coronavirus.

Mientras todo eso sucede, Bolivia ronda los 14.000 casos de COVID-19, el Gobierno apuesta a la infección de rebaño y no ha tomado mayores medidas de acción en defensa de la población, mientras el sistema colapsa.

Construir Estados requiere de varios decenios de años. La Bolivia Plurinacional en los hechos existe hace casi 200 años, pero el reconocimiento oficial tiene apenas 11 años, luego de haber sido aprobada la nueva Constitución Política del Estado en 2009.

Ahora Jeanine y su banda intentan a plan de decretos destruir lo que ha costado tanto a Bolivia. En cuanto a las relaciones internacionales ha roto relaciones diplomáticas con importantes países hermanos, ha asumido posiciones internacionales que ni los más neoliberales osaron como es el caso de la cuestión de Palestina, solo por dar algún ejemplo.

¿Logrará Jeanine su cometido? ¿Acaso será este el inicio del fin del Estado Plurinacional? El pueblo boliviano hablará (ojalá sin interferencias externas) el 6 de septiembre próximo en las elecciones generales. Mientras tanto hay que cuidar y proteger al Estado Plurinacional. Valga remarcar que pese al hambre y el abandono, no es el pueblo boliviano quien ha salido a saquear, sino algunos funcionarios públicos inescrupulosos.

mundo.sputniknews.com/firmas/202006101091721140-desmontaje-del-estado-plurinacional-de-bolivia-a-punta-de-decretos-/

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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