domingo, septiembre 27, 2020
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La UE y la ONU consideran «preocupante» la decisión de EE.UU. de sancionar a funcionarios de la Corte Penal Internacional

Washington impuso sanciones económicas contra empleados del organismo que investigaban posibles crímenes de guerra en Afganistán.

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Tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su preocupación por la decisión de EE.UU. de imponer sanciones económicas contra funcionarios de la Corte Penal Internacional que investigan posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de seguridad estadounidenses en Afganistán.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que es «muy preocupante» que Washington tome represalias contra cualquier funcionario de la corte la corte que busca esclarecer si se cometieron crímenes de guerra.

En la misma línea se manifestó la ONU asegurando que seguirán de cerca los acontecimientos. «Contamos con que cualquier restricción en relación a personas concretas no vaya en contra de las obligaciones que tiene EE.UU. como país anfitrión de la ONU», declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas.

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva autorizando sanciones contra funcionarios de la CPI que investigaban si Washington cometió o no crímenes de guerra en Afganistán. La orden autoriza bloquear los activos en EE.UU. de los empleados de la CPI y la «ampliación de las restricciones de visa» contra los funcionarios de la corte y sus familiares.

La Administración Trump basó su decisión en que la investigación «está siendo impulsada por una organización de dudosa integridad». Washington describió las acciones de la corte como «un ataque a los derechos del pueblo estadounidense» y una amenaza a su «soberanía nacional».

Trump ha atacado reiteradamente a la corte con sede en La Haya, creada para procesar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. La organización tiene jurisdicción si un estado miembro no puede o no quiere enjuiciar las atrocidades por sí mismo.

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