Hoy es un día triste para la Justicia española, en ocasiones maniatada por los aforamientos de los políticos o por dejar atada y bien atada la inviolabilidad de la Casa Real en la Constitución. Aunque en ocasiones es la propia dejadez, interesada o no, de esta justicia la que hace que dispare en el pie.
Desde el 1 de julio, el rey emérito no puede ser acusado de fraude contra la Hacienda Pública por la justicia española, a pesar de que en Suiza lleva dos años instruyéndose la causa, según ha publicado El Confidencial.
Los 100 millones de euros que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí, en concepto de comisiones por la mediación entre las empresas que construyeron el AVE a la Meca y la monarquía saudita, ya no puede ser considerado delito fiscal en España. Otro disparo al aire para juzgar las polémicas actuaciones del emérito.
El dinero que tenía en Suiza y las propiedades en el extranjero y sus rendimientos estaba obligado a declararlos, pero los interrogados por el fiscal suizo Yves Bertossa han declarado que no les consta que hubiera pago de impuestos. Todo queda en agua de borrajas.
La prescripción de este delito hace casi imposible que la Fiscalía española pueda acusar al rey emérito, ya que otra de las piedras en el camino de las que hablábamos, la inviolabilidad de la que disfrutaba mientras supuestamente se enriquecía ilícitamente, impide demostrar el origen de los fondos y el blanqueo de capitales.
