Desde el confinamiento por la Covid-19 decretado por el Gobierno el 14 de marzo último, con España al completo en cuarentena bajo el síndrome del pánico colectivo, difundido por voceros de los tres ejércitos y mandos policiales; la ofensiva de la oligarquía contra las libertades cívicas y las migajas a la clase obrera se ha disparado. Hasta el rey Felipe VI con su esposa e hijas, se prolija como un ser vulnerable e inofensivo a los ojos de sus súbditos, en lugares seleccionados para obtener buenas fotos para las televisiones, en donde aparecen con ternura de campechanía.
Mientras tanto, los tahúres de las finanzas de nuestro entorno y del mundo internacional, aprovechan la ocasión para acampar a sus anchas dando rienda suelta a sus afanes de terror económico succionador. Aunque donde más se nota, por la lucha de resistencia de la clase obrera, sea en NISSAN y ALCOA son ya 6.794 las empresas industriales que han finiquitado su actividad -incluso en donde trabajaba- la patronal italiana de ENDESA, ha aprovechado para desde mayo, suprimir el beneficio de la tarifa eléctrica de empleado que beneficiaba a los trabajadores en activo, viudas y jubilados. Una reivindicación implantada desde 1928, ¡nueve años después de la huelga de la Canadiense!
Y siguen su curso. Uno de las más encumbradas autoridades financieras, el presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, estos días pasados hacía unas declaraciones dirigidas al Gobierno PSOE-U-Podemos, incitando a éste a que aplicara determinadas medidas para sacar a España de la crisis. Proponía cinco medidas, de las que, además de otras ventajas en sanidad y educación, la más destacada de todas ellas es la llamada “mochila Austriaca”, consistente en la privatización de las pensiones y el despido libre de indemnizaciones.
¿Pero de dónde sale y viene este Pablo Hernández? Fue el último mandoble que nos endiñó Mariano Rajoy un día antes de ser defenestrado mediante el voto de censura el 31 de mayo de 2018, catapultándolo al cargo de Gobernador del Banco de España, en mérito de sus antecedentes y querencia al PP. Una maniobra que fue criticada por la oposición y hasta por un sector del funcionariado de este organismo.
También, anteriormente, había formado parte del consejo asesor del Banco Central Europeo. Y hoy, por su alto cargo de gobernanza, presidente del Comité de Basilea, formado por los gobernadores de los bancos centrales para la supervisión bancaria mundial que, entre las recomendaciones emitidas por este ente, se encuentra la del blanqueo de capitales en los paraísos fiscales. Este es el trabajo sobresaliente de la mayor autoridad monetaria de nuestro país y sus aliados.
Hay que decir que esas propuestas no han sido trabajadas recientemente, sino que son la enésima intentona de colocarlas aprovechando la situación presente fruto de la pandemia. Obedecen a una dilatada aspiración de la oligarquía bancaria española y europea, que durante todo el desarrollo capitalista, y especialmente durante el último periodo constitucional de la dictadura burguesa, no ha cesado de orquestar campañas para hacerse con los fondos de protección social de trabajadoras y trabajadores, vaticinando catástrofes agoreras que no son más que pillerías, pues se “vuelve loca” como gato con ratón cuando calcula que solo la factura pública de las pensiones, en 2019 supuso 135.000 millones de euros con 9,75 millones de beneficiarios que podrían ser sus clientes cautivos. ¡Este es el meollo de la cuestión!
Y aunque la mayoría de la gente y la totalidad de la población asalariada, critiquen esas malas intenciones, toda esa racha se continúa sustentando – y, ahora más, con la crisis irrefrenable del capitalismo que, después del último acuerdo, intenta amortiguar su caída – mediante la aplicación de un desarrollo consensual de sus prácticas antiobreras.
El Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo del 3 del presente mes de julio, con la firma de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; Unai Sordo, Scretº Gral. de CC OO; Pepe Álvarez, Scretº Gral. de UGT; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; y Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME; tiene un redactado de lo más ambiguo y opaco visto.
El Acuerdo no es más que un pliego de observaciones a plantear en el proceso venidero de diálogo social, emplazándose a intensificar las reuniones en el plazo más breve posible. Lo más tangible son los 50.000 millones de euros, añadidos a los 100.000 ya aportados con la Covid-19 por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para las empresas “solventes”. Lo demás, simples elucubraciones hipotéticas sobre fenómenos para la reflexión. Eso sí, encaminadas a la adopción de medidas que comporten un “importante esfuerzo presupuestario, de todos los ciudadanos”. Sobre todo, de trabajadoras y trabajadores a través su entrega y resignación al diálogo social, que lo repiten constantemente como el eje fundamental del acuerdo suscrito.
Naturalmente, cuando hablan del apoyo a los autónomos, en abstracto, se olvidan de cómo abordar el control de los circuitos comerciales y el hándicap de los falsos autónomos, externalizados con las trampas de los expedientes de crisis, consumados por las grandes empresas.
Y mucho menos se plantean la nacionalización de la banca ni del resto de empresas estratégicas. Unos porque no quieren y otros porque esa idea les produce el síndrome del miedo exacerbado.
Esto que está pasando no es un fenómeno extraño de la madre naturaleza, es el fruto imperante del capitalismo, ante una clase obrera desarmada ideológicamente y dispersa. La solución no puede ser otra que la organización propuesta por el marxismo-leninismo para poder derrotar al capitalismo en aras al progreso social, la paz y la libertad.
Miguel Guerrero Sánchez.
