El PCE de León se opone a la subida de tasas de GERSUL y apuesta por un modelo público de gestión de residuos.

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NOTA DE PRENSA

Iván Pastrián, secretario político provincial del PCE de León ha explicado la oposición del partido a la nueva subida de tasas de GERSUL, el Consorcio provincial para la gestión de residuos. El PCE esgrime que “nuevamente se quiere hacer pagar al pueblo la mala gestión de los residuos, con una tarifa más cara y encima, a todos/as por igual.”

Desde el PCE denuncian que el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega (San Justo de la Vega) está viciado de origen. “Es un macro vertedero, no un centro de tratamiento, reutilización y gestión sostenible de los residuos. No lo decimos únicamente nosotros/s, las Juntas Vecinales, nuestros cargos de IU o el movimiento ecologista, lo confirman”. Prueba de ello son las denuncias de IU por irregularidades en las cuentas ante la fiscalía y el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

“Desde 2015 hasta la actualidad no se han presentado presupuestos y los informes del Interventor del Ayuntamiento de León en las auditorías y la fiscalización interna o a las nóminas de GERSUL, ponen de manifiesto las irregularidades”, explica Pastrián.

Para el PCE, el hecho de que el primer vaso del centro de San Román de la Vega esté agotado, evidencia su carácter de vertedero y no de centro de reciclaje. Así mismo apuestan por que se aplique un modelo de prevención en la generación, minimización del impacto, reutilización y reciclaje, además de la recuperación. Incluyendo, apuntan, la recuperación energética. “El depósito en vertedero, debería ser el último paso, una vez desechados los anteriores, generando una economía circular que abarate costes y beneficie al medio ambiente y a las poblaciones”.

El PCE apuesta por un modelo de gestión pública para la planta de tratamiento de residuos. El Consorcio de GERSUL es una UTE formada por URBASER y FCC, empresas en manos de los magnates Florentino Pérez y Alicia Koplowitz. “No podemos hacer que con deuda e intereses privados controlen a las instituciones democráticas y atenten contra el interés público, se deben depurar responsabilidades políticas, judiciales y económicas, auditar las cuentas y apostar por un nuevo modelo público, económicamente viable, socialmente justo y sostenible medioambientalmente”, concluyen

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