También quieren que la cámara denuncie connivencia de los poderes del estado español en la ‘fuga consentida’ de Juan Carlos I y que único camino para superar el régimen monárquico es constituir efectivamente la República Catalana como un estado de derecho, democrático y social.
La propuesta también afirma que «el linaje de los borbones ha sido una calamidad histórica para Catalunya» y constata, según el texto de la resolución, el fracaso y la crisis definitiva del pacto constitucional de 1978.
Asimismo, ratifica, de acuerdo con el 1-O, el 10 de octubre y el 27 de octubre de 2017, «que el único camino para superar este régimen monárquico es constituir efectivamente la república catalana como un estado de derecho, democrático y social». El pleno ha aprobado con los mismos votos otra propuesta de la CUP que reprueba al rey Felipe VI «y a toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y de enriquecimiento ilegítimo utilizando las instituciones públicas».
Con los mismos votos, el Parlament también ha aprobado una propuesta de la CUP que reprueba al rey Felipe VI «y a toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y de enriquecimiento ilegítimo utilizando las instituciones públicas» y al Gobierno central y, específicamente, a la vicepresidenta, Carmen Calvo, por su colaboración en la marcha del rey emérito.
En cuanto a la resolución de los partidos independentistas, constata el fracaso y la crisis definitiva del pacto constitucional del 78 que, ‘por su carácter irreformable’, ‘blinda la continuidad de una monarquía delincuente, un sistema autonómico fallido y una democracia intervenida por poder judicial ‘. El texto también carga contra la familia Borbón y la califica de ‘calamidad histórica para Catalunya’, y recuerda que el rey emérito aceptó la sucesión de Franco ‘jurando fidelidad a los principios de su régimen’. Por ello, remarca que la monarquía española es la continuación del régimen anterior e inseparable de la persona de Juan Carlos I.
Además, la propuesta insta a la cámara catalana a denunciar la connivencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado español para ‘sustraer la monarquía de cualquier fiscalización y control democrático’. Un extremo que ‘llega a su momento culminante con la fuga consentida del rey para evadir la acción de la justicia’.
Fuentes: Agencias, Vilaweb, ElNacional.Cat, Público