No tenemos estado, tenemos una organización criminal. Eso sí, con un potente aparato mediático de manipulación

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De los GAL a la policía patriótica

En las últimas semanas los medios de manipulación nos inundan con informaciones sobre la policía patriótica. Una estructura articulada en el Ministerio del Interior para organizar, libres de cualquier atadura legal, la lucha contra el movimiento soberanista y republicano catalán y, aprovechando, contra los movimientos rupturistas en general. En Madrid sufrimos claramente sus efectos, pero leyendo ahora “determinados medios” pareciera que la “policía patriótica” se haya montado para combatir a Podemos. La policía patriótica no es más que un episodio nuevo en la línea de los GAL, que además del asesinato directo de activistas promovía la represión indiscriminada, la tortura en cuartelillos y comisarías y la instrumentalización del aparato judicial. Todo el mundo sabe, aunque a algunos no se les haya llegado a juzgar nunca, quienes conformaban la dirección política de esa estructura ilegal y criminal.

El aparato represivo del Régimen del 78 no tiene dificultad alguna para poner en marcha en cualquier momento dinámicas de esa naturaleza, porque es consustancial a ellos.

No es un problema de este o aquel partido, es una cuestión de Régimen; si el Gobierno actual lo necesitara no tendría duda alguna en recurrir de nuevo a ese tipo de “servicios”.

La segunda edición de Alfonso Guerra, pero esta vez con moño y pendientes

No solo la actividad ilegal y criminal de los aparatos de Estado es lo que utiliza el Régimen cuando lo necesita. Ahora han redescubierto el uso del juego del Presidente pragmático (Felipe González) y el izquierdista, el de “los descamisados” (Alfonso Guerra); y lo están aplicando con Pedro Sánchez y las Vicepresidentas del Gobierno por un lado y Pablo Iglesias por el otro. Ya tenemos un nuevo Alfonso Guerra, esta vez con moño y pendientes, para intentarnos vender “motos tuneadas”.

Si las segundas partes nunca fueron buenas, en este caso son patéticas. Los sujetos que interpretan a estos personajes tienen una capacidad y una credibilidad por los suelos. Hay que reconocer que el Régimen del 78 no tiene alternativa posible al Gobierno actual y por eso los cuidan con esmero en el plano mediático y también en el judicial.

La administración de Justicia una vez más al servicio del poder político

La rectificación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la decisión del juez García Castellón de retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias en el caso del robo del teléfono de Dina Bousselham es antológico. La decisión de la Fiscalía General del Estado de que se inadmitan todas las querellas contra la gestión del Gobierno, así sin más, es otra expresión del papel que la Administración de Justicia juega en este Estado/organización criminal. No es de extrañar que su consideración pública también esté por los suelos.

Sacando nuevos conejos de la chistera

No han derogado la Ley Mordaza, cosa concreta y aparentemente sencilla, obviamente porque no quieren; tampoco las leyes de recortes de derechos laborales, tanto las del PSOE como las del PP, aunque llevan amagando con ello dos años. Pero ahora nos ponen sobre la mesa “otra novedad”, que desde luego se correspondería con las mas elementales exigencias democráticas, pero que desde este editorial ya avisamos que es una dosis más de entretenimiento y que además una buena parte de sus aspectos fundamentales son inviables por una sencilla razón que explicamos a continuación.

Legalidad y legitimidad

La transición política y la construcción del Régimen del 78 se hizo sobre la base de la legalidad franquista. Fueron las Cortes franquistas las que aprobaron la Ley de Reforma política en 1976 y sobre la base de esa ley se convocaron elecciones generales en 1977 a Cortes, Congreso y Senado; por cierto, este último tenía nada menos que cuarenta miembros de designación real, es decir no elegidos. Y todo esto fue hecho en base a esa legalidad, la derivada del franquismo, con un Jefe de Estado nombrado por Franco como su sucesor a título de Rey y ya en uso pleno de sus funciones. La Constitución del 78 se elaboró en esas circunstancias y bajo la supervisión del Ejército y del conjunto de los poderes fácticos del momento. En esa Constitución en ningún momento se declara ilegal al Régimen franquista.

Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, y el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero, tras la aprobación del proyecto de Ley para la Reforma Política por las Cortes (Archivo

Reforma/Ruptura

El debate entre reforma y ruptura no era pues un debate formal. La ruptura suponía y supone el no reconocimiento legal del franquismo y, por tanto, no partir de esa base para construir las normas jurídico-políticas en las que se enmarcan nuestras vidas. La reforma, base política y doctrinal sobre la que se hizo la Transición, si reconoció esa legalidad como referencia.

No se puede confundir legitimidad con legalidad. Ciertamente muchas de las cosas que se han hecho durante los últimos años han sido útiles para deslegitimar al Régimen franquista, especialmente desde los movimientos sociales. Pero eso es totalmente insuficiente. Hay que declarar la ilegalidad del Régimen franquista, ello es lo que nos permitirá avanzar realmente en un proceso democrático constituyente.

Pongamos un ejemplo: se nos anuncia que se van a anular los títulos nobiliarios creados por el Régimen franquista, todos menos curiosamente el principal de ellos: el de Príncipe de España y después Rey en la figura de Juan Carlos I. Franco como Jefe de Estado tenía atribuida esa potestad, por lo que si el Régimen franquista en su totalidad no es declarado ilegal, nos tememos que en los recursos judiciales -que los habrá por parte de los afectados- estos tendrán muchas posibilidades de ganarlos.

Si vivimos en “el mundo entre las nubes” de los medios de manipulación y de las redes mediáticas asociadas a la reproducción del poder, además de embrutecernos cada vez más, no percibiremos la realidad tal cual es, que al fin y al cabo es lo que pretenden.

Hemos de hacer el mayor esfuerzo por orientar nuestro tiempo, nuestra búsqueda de información y conocimientos a la realidad real, a lo que realmente está pasando. Desde luego con las clases trabajadoras en nuestros pueblos y barrios, pero también sobre la deriva absolutamente patética que el Régimen está teniendo en esta última fase de su existencia.

Podemos y tenemos que derrotarlos.

La organización y el movimiento popular serán los instrumentos esenciales para ello.

Izquierda Castellana

Castilla, a 17 de septiembre de 2020

Fuente: izca.net

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