Ya hemos analizado en artículos anteriores cómo la pandemia de COVID-19 está siendo la excusa perfecta de los monopolios para imponer un nuevo modelo productivo, así como para justificar toda clase de medidas destinadas a trasvasar dinero público a manos privadas. Además de justificar estas medidas, se pretende usar a la pandemia como explicación de las deficiencias de un sistema que ya estaba quebrado mucho antes de que tuviéramos noticias del primer caso de coronavirus. El ejemplo más evidente es la situación de la sanidad pública, que era deficitaria mucho antes de esta pandemia.
Ya en 2014, el Defensor del Paciente denunciaba que casi 800 personas habían muerto en España por no haber recibido la atención médica necesaria. En febrero de 2019, el número de personas en lista de espera se situaba, según datos oficiales, en 584.018. Según el Defensor del Paciente, el dato era de 635.563 personas. En noviembre de 2019, según el Ministerio de Sanidad, la cifra se elevaba a 671.494 personas.
Según un estudio de la asociación Círculo de la Sanidad, la tasa de pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1.000 habitantes, aumentó un 11,08% entre 2012 y 2017. Otro estudio llevado a cabo en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, revelaba que entre 1999 y 2002, fallecieron, sólo en ese hospital – que daba cobertura a una población de 256.000 personas – 134 personas en lista de espera. En enero de 2015, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C presentó una querella contra la exministra de Sanidad Ana Mato por haber «dejado morir» a unos 4.000 pacientes con el virus en el último año al restringir el acceso a los fármacos de última generación pese a estar ya aprobados, reconociendo el propio Ministerio que no podían financiar el tratamiento porque el coste era “inasumible”.
Algo similar ocurre con la dependencia. Según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, 24.554 personas han fallecido en lo que va de 2020 en listas de espera sin haber recibido la asistencia reconocida por ley. Pero esto no es nada nuevo ni algo más de lo que culpar a la pandemia. Entre 2012 y 2017, casi 200.000 personas murieron en listas de espera sin recibir las ayudas a la dependencia.
A esta infame lista de muertes se suma una nueva víctima, una mujer de Espinosa de los Monteros, Burgos, que ha muerto de cáncer sin haber logrado siquiera una cita presencial con su médico. La mujer de 48 años comenzó a sentirse mal en abril de este año y tan sólo fue atendida mediante llamadas telefónicas a pesar de encontrarse cada vez peor. No fue hasta el 18 de junio que consiguió una cita con el traumatólogo, que aceptó el erróneo diagnóstico realizado telefónicamente del médico de cabecera – una lumbociatalgia – sin llegar a revisarla. Tras un periplo de visitas a distintos hospitales, termina con un diagnóstico de cáncer de colon que acabaría con su vida el 13 de agosto.
Puede observarse claramente como, en el capitalismo, la sanidad pública nunca ha sido de calidad, que el desmantelamiento de la misma no depende de colores políticos, sino del desarrollo del propio sistema capitalista. La crisis económica que los propios economistas capitalistas preveían ya hace años para 2020, ha encontrado en el COVID-19 una coartada perfecta, pero con pandemia o sin ella, el desarrollo actual del capitalismo tan sólo puede ofrecernos ya miseria y muerte.
Reclamar una sanidad pública de calidad bajo el capitalismo carece totalmente de sentido, pues la sanidad depende por completo del Estado, que en un sistema capitalista es un órgano al servicio de la burguesía, no del pueblo. No se puede construir una sanidad pública de calidad si antes no se construye un Estado proletario que ponga en manos del pueblo todos los recursos.
Por ello es ya una cuestión de vida o muerte que la clase trabajadora junto con el resto de clases populares unan todas las luchas – sanidad, educación, pensiones, laborales, etc. – en una única lucha para derrocar el sistema capitalista e implantar el socialismo, el único sistema que garantizará que toda la riqueza que generamos los trabajadores esté al servicio del pueblo, permitiendo de esta forma desarrollar los servicios públicos que nuestra clase necesita y merece, arrebatando el poder a quienes nos dejan morir para seguir enriqueciéndose a nuestra costa.
Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)
