La presión máxima de EEUU no ha destruido ni la economía ni el sistema político iraní, y Teherán comenzó a compartir sus experiencias con Venezuela con respecto a los métodos para neutralizar las sanciones estadounidenses, señala la revista norteamericana Foreign Policy.
En un artículo, Foreign Policy examina los métodos por los que Irán y Venezuela han neutralizado la política de máxima presión de EEUU. Aquí hay partes de este artículo:
Pedir a los venezolanos que vean las sanciones como un dolor para deshacerse del sistema político bolivariano es un mensaje que se reproduce mucho mejor en Florida que en Caracas. Una encuesta reciente no publicada de la encuestadora venezolana Datanalisis encontró que el 65,2% de los venezolanos están en contra de las sanciones petroleras de EEUU.
Esta puede ser una de las razones por las que, en los últimos 18 meses, el índice de aprobación del líder opositor pro-estadounidense Juan Guaidó ha caído del 61 al 28 por ciento, según la misma encuesta. Mientras tanto, la escasez de ingresos en divisas ha obligado al gobierno de Maduro a corregir su rumbo en algunas áreas.
Por ejemplo, en septiembre de 2018, un año después de que EEUU impusiera sanciones financieras y luego de una caída de aproximadamente 800.000 barriles por día en la producción de petróleo, el país reformó su sistema cambiario, permitiendo que la moneda pudiera convertirse en totalmente convertible por primera vez en 15 años. Al principio, estas reformas monetarias fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que el nuevo sistema implicaba un cambio sorprendente en una de las principales palancas políticas utilizadas por el gobierno venezolano. Una de las principales causas de las distorsiones económicas en las economías altamente reguladas es la prima del mercado negro, que se define como la diferencia entre el precio al que se venden las divisas en el mercado negro y su precio legal.
Al igual que con la liberalización parcial en Irán, el fin del sistema de control de cambios en Venezuela ha tenido importantes implicaciones macroeconómicas. Primero, significó el fin de las rentas sustanciales acumuladas para aquellos que podían tener acceso a dólares preferenciales. También puso fin a un enorme impuesto implícito sobre las empresas extranjeras, incluidos los socios de empresas mixtas petroleras, que anteriormente se habían visto obligadas a vender dólares a la tasa oficial sobrevaluada. Además, detuvo los intentos del gobierno de imponer estrictos controles de precios a los minoristas, a quienes anteriormente se les exigía que valoraran sus insumos importados al tipo oficial.
El rígido sistema de precios establecido por el gobierno en casi todos los sectores que había estado en vigor desde 2011 fue reemplazado en 2018 por un sistema de “precios acordados” implementado a través de negociaciones bilaterales con el sector privado. Según el centro de estudios liberal venezolano Cedice, el gobierno llevó a cabo solo alrededor de 1.000 auditorías gubernamentales de tiendas privadas en los primeros siete meses de 2019, frente a un promedio de 7.700 por año entre 2017 y 2018. En 2020, los precios adjudicados estaban denominados en moneda extranjera y se ajustaban en gran medida a las demandas del sector privado.
De hecho, el gobierno de Maduro ha ido más allá al no solo tolerar, sino también aceptar abiertamente el uso de dólares estadounidenses en las transacciones nacionales. Cuando el candidato de la oposición Henri Falcón se comprometió a dolarizar la economía venezolana si ganaba las elecciones presidenciales de mayo de 2018, Maduro respondió acusando a su oponente de querer “vender Venezuela al imperialismo”. Pero para noviembre de 2019, Maduro había cambiado completamente de rumbo, diciendo que no veía “nada malo en ello”.
Haciendo eco de la decisión de Irán en noviembre de 2019 de recortar los antiguos subsidios al combustible, Maduro ha puesto fin a la práctica de décadas de vender gasolina casi a cero.
El gobierno ahora racionará el acceso a la gasolina subsidiada y permitirá a los compradores comprar tanta gasolina como quieran a precios internacionales. La venta minorista de gasolina no subsidiada se realizará a través de estaciones privadas. En particular, Maduro explicó que la necesidad de vender gasolina a precios de mercado estaba vinculada a que el país tenía que pagar la gasolina que compraba a Irán.
Pasará mucho tiempo antes de que Venezuela pueda ver la inversión del sector privado como una fuerza impulsora en la recuperación de la economía. Pero hay otra forma en que Venezuela se ha adaptado a las dificultades de su industria petrolera que también la hace mucho más resistente. En los últimos cinco años, se estima que más de 5 millones de venezolanos han abandonado el país. Las remesas de los emigrantes son ahora una de las principales fuentes de divisas. A pesar de la pandemia de COVID-19, los ingresos de las remesas continuaron llegando al país. Las importaciones aumentaron un 3 por ciento interanual en los primeros cuatro meses del año según los datos de 31 socios comerciales, a pesar de la caída de las exportaciones de petróleo debido a las sanciones estadounidenses.
De este modo, el gobierno y la economía, en general, han desarrollado sus propios mecanismos de adaptación para hacer frente a un entorno externo mucho más restrictivo. Para los políticos venezolanos, el ejemplo de Irán para aumentar sus ingresos por medio de exportaciones no petroleras, así como su mayor dependencia del sector privado, es un modelo a seguir. Irán ha ido también sustituyendo las importaciones mediante el desarrollo de la industria nacional y la obtención de nuevas fuentes de ingresos en divisas.
La administración norteamericana creía que con las sanciones podría obligar a algunos gobiernos independientes a dejar del poder o al menos a someterse a las directrices norteamericanas. Sin embargo, tales gobiernos no solo no han caído, sino que se han convertido en más resistentes. De esta manera, las mismas estrategias que adoptan los países sancionados para desafiar las sanciones pueden ayudar a estos países a crear un sistema político y económico más sólido y eficaz en el futuro y sentar las bases para una economía no dependiente del petróleo.
