El Departamento estadounidense del Tesoro, en un comunicado, ha informado este lunes que “hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas contra funcionarios militares sirios, miembros del Parlamento sirio, organizaciones gubernamentales sirias y personas sirias y libanesas”.
Conforme explica la nota, las sanciones están dirigidas a los que “intentan revivir la industria petrolera en declive” de Siria y tienen como objetivo “continuar aplicando presión económica” sobre la Administración del presidente sirio, Bashar al-Asad y sus partidarios, en busca de sacarlos del poder.
Entre las entidades sirias sancionadas figuran el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales y las Fuerzas de Defensa Nacional, mientras que seis ciudadanos sirios y otros dos libaneses están a partir de ahora en la lista negra de EE.UU.
En la lista de ciudadanos sancionados se encuentran el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea Siria, el general Ghassan Jodat Ismail; el jefe de la Dirección de Seguridad Política de Siria, Nasr Ali, y los parlamentarios Nabil Toumeh y Amer Taysir Khiti.
Según indica la nota del Tesoro, esta nueva ronda de sanciones se suma a otras impuestas en el marco de la llamada “Ley César”, que entró en vigencia en junio con el objetivo de privar de recursos al Gobierno sirio.
Por su parte, Damasco ha denunciado reiteradas veces que las sanciones de EE.UU., además de dañar la economía y socavar la lucha antiterrorista, violan flagrantemente los derechos humanos más básicos del pueblo sirio y las leyes humanitarias internacionales.
De hecho, diferentes países y organizaciones internacionales han condenado o criticado la Ley César, incluso es considerada una forma de “terrorismo económico”, debido al impacto negativo sobre la población siria, en particular, en momentos en que enfrenta los embates de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
