La actividad de las plataformas y del movimiento por la vivienda en general está siendo frenético. En plena pandemia por desgracia los desahucios se multiplican y las Administraciones Públicas parecen no tener voluntad de terminar con esta sangría. Y lo hacen conscientes del sufrimiento que generan sus decisiones (o ausencia de ellas), así se lo hemos transmitido en reiteradas ocasiones.
Ibercaja, piratas sin código de honor
Ayer llegaba uno de los 5 desahucios que la campaña “Aragón sin desahucios” llamó a su paralización en fechas recientes. Lo que conocemos como el “Calendario de la vergüenza”. Era el de Ruth y José, víctimas de la piratería de Ibercaja. Después de un largo proceso que se inició con la ejecución hipotecaria de la vivienda en la anterior crisis, la familia asistió en pleno confinamiento a como Ibercaja rompía el acuerdo alcanzado con la entidad en el invierno de 2018 (después de que la movilización paralizará también un intento de desahucio) y ponía en marcha el procedimiento. En paralelo Ibercaja comercializa la vivienda a precio de saldo avisando de que la misma estaba habitada. Esto provocó un auténtico bullying hacia la familia con constantes visitas de “compradores” o “buitres de barrio”. Finalmente en el verano, Ibercaja vendió la vivienda a uno de estos particulares. El colmo de la miseria especulativa. Ibercaja tenía un compromiso, ahora le toca resolver su “falta de palabra” dotando de una solución para la familia. Por ello se han convocado concentraciones mañana (13 de noviembre) y el lunes (16 de noviembre) a las 11 de la mañana en la Central de Ibercaja en Plaza Paraíso.
La irresponsabilidad de las Administraciones Públicas en plena pandemia
Gobierno de Aragón, obligado a garantizar la alternativa habitacional de familias vulnerables, no se sabe, no contesta. Hacer ruedas de prensa contando fantasías no puede ocultar la tozuda realidad. Como Ruth y José renunciaron, hace más de dos años, a un realojo con desplazamiento forzoso fuera de la ciudad… La administración aragonesa se siente “liberada” de actuación alguna. Ni las circunstancias especiales de la pandemia, ni la emergencia social que se extiende, ni los derechos de la infancia… Como si no ocurriera nada, siempre tienen una excusa para no actuar. En una parte importante de las pocas ocasiones en las que actúan, proponen (como hicieron en este caso) una vez tras otra desplazamientos forzosos de las familias fuera de su ciudad de residencia. Los desahucios sin alternativa habitacional nos cansamos de reiterar que suponen una grave vulneración de los Derechos Humanos. Y los desplazamientos forzosos en los realojos -rompiendo arraigos sociales y familiares- son un atentado contra la intervención social. La Orden Ministerial del 11 de abril habilita a las administraciones públicas competentes (Gobierno de Aragón) a la adquisición de vivienda por cualquier medio que sea preciso, incluso el recurso al mercado de alquiler o el alquiler de instalaciones hoteleras. No hay excusas y existen recursos de sobra para hacerlo.
También ayer falló el Ministro Ábalos y su gobierno, que debe de llevar inmediatamente adelante el “Decreto Stop Desahucios” que reclaman las plataformas de vivienda a nivel estatal. Cada día que pasa, cientos de familias pierden su vivienda habitual. Lo de hacerse el sorprendido en el Congreso funciona una vez, ahora ya lo sabe. Su gobierno nunca ha prohibido los desahucios (como han anunciado sin rubor) y así lo venimos explicando desde marzo las plataformas (y así lo atestiguan la vuelta de las duras imágenes ocasionadas por los desalojos forzosos). Dijeron “nadie se quedará atrás”, ahora falta hacerlo realidad en materia de vivienda. También falló su gobierno disponiendo un importante operativo del Cuerpo Nacional de Policía para realizar un desahucio violento que supone una vulneración de los Derechos Humanos ante la ausencia de alternativa habitacional.
¡En plena pandemia!
Queremos denunciar la irresponsabilidad en el comportamiento de ambos gobiernos desde el punto de vista sanitario. Los desahucios crean hacinamiento, alquileres irregulares y precariedad vital. Además son un riesgo innecesario para activistas y familias afectadas por desahucios. E incluso para los funcionarios y funcionarias que se envían para la triste tarea de realizar actuaciones con fuerza (violencia).
La movilización y la organización. Últimas murallas del derecho a la vivienda
Lo que no falló fue la organización y la movilización social. Cientos de personas participaron en la paralización del desahucio en el barrio de Las Fuentes ante la convocatoria realizada por la campaña “Aragón Sin Desahucios”. Y aunque todo parecía desfavorable y en medio de un dispositivo policial desproporcionado, la masiva movilización pacífica consiguió que el Juzgado desistiera del lanzamiento.
Seguimos insistiendo. La lucha sirve, de los 5 desahucios denunciados en el “Calendario de la vergüenza” cuatro ya han sido aplazados por la acción de las plataformas (incluido el de Pedro Luis previsto para el 18 de noviembre), ya sea en el ámbito de la asesoría colectiva y acción frente a la administración de justicia o mediante la participación directa ante la llegada de las comisiones judiciales.
El próximo desahucio señalado en el “Calendario” es el 23 de noviembre. Cuando está previsto el desalojo de SAREB de la vivienda donde habitan Cristina, Salvador y sus 5 hijos en La Almozara. Una vivienda que fue cedida al Gobierno de Aragón por SAREB (en época de Rudi) en una operación “ruinosa” para la administración. Entre las viviendas cedidas existían algunas que estaban ya habitadas por familias vulnerables. El siguiente Gobierno renunció al convenio y su Consejero, Pepe Soro, se comprometió públicamente a que ninguna de las familias de esas viviendas cedidas por SAREB sería desahuciada sin alternativa habitacional. Pues bien Salvador y Cristina es una de esas familias y de momento Gobierno de Aragón sigue a 12 de noviembre sin garantizar una alternativa.
Ayuntamiento de Zaragoza
Y advertimos al Ayuntamiento de Zaragoza. Si no instaura de forma inmediata una moratoria de desahucios en las viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda, pronto la campaña se verá obligada a anunciar movilizaciones a sus puertas. De la misma forma exigimos la marcha atrás a la modificación de las rentas de alquiler en plena pandemia, que ha supuesto sacar de las mismas los gastos de comunidad (mantenimiento). Esto puede suponer un incremento de un 30% de media en el precio del alquiler -con mayor incidencia en las rentas más bajas-.
Llamamos a mantener la movilización.
La movilización de ayer es un mensaje muy potente que lanzamos a la sociedad. O los gobiernos hacen su trabajo, o tendremos que hacerlo nosotros y nosotras. Eso sí, mientras les señalamos. Y saben que lo haremos. Hacemos un llamamiento a la participación masiva y pacífica en todas las movilizaciones de la campaña que se sucederán en próximas fechas.
Sí se puede y lo demostramos cada día.
