Centros de detención, centros de mutilación

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“Me convertí en una denunciante, ahora soy un blanco,…Pero estoy dispuesta a ser un blanco”, en lugar de ser parte de lo que calificó como un sistema “inhumano”. Declaraciones de la enfermera Wooten durante una conferencia de prensa denunciando histerectomías sin permiso y negligencias médicas en una prisión para migrantes.

Esta denuncia enturbia aún más la nefasta reputación de los centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos. En ella se señala al doctor M. Amin, un médico de un centro en el condado de Irwin -en Georgia- por presuntas esterilizaciones ilegales a detenidas de origen hispano, además de por la destrucción de registros médicos y por haberles denegado las pruebas de la Covid-19. Diversas organizaciones en defensa de derechos humanos y apoyo a los inmigrantes interpusieron la denuncia en nombre de Wooten y migrantes detenidos.

Dawn Wooten, que bautizó al médico en cuestión como “el coleccionista de úteros” por practicar “histerectomías en masa”, trabajó como enfermera en el centro durante años. “Soy una madre soltera de cinco hijos”, declaró. “El centro de detención del condado de Irwin era mi empleo, pero porque comencé a hacer preguntas, me degradaron”. Le recortaron horas de trabajo tras haber protestado y al quedarse en casa por presentar síntomas del virus.

Explicó que las mujeres afectadas le contaron que no entendían por qué debían someterse a una operación en la que se les extirpaba una parte o todo el útero. Una de las afectadas, operada por el mismo médico, es la cubana Mileidy Cardentey, que ha asegurado que no está segura de la intervención que le hicieron en el centro. “Lo único que me dijeron es: ‘Te vas a ir a dormir y cuando despiertes, habrás terminado”. Otra de las mujeres comparó el centro con “un campo de concentración en el que experimentan con personas”. “Es como si estuvieran experimentando con nuestros cuerpos”, dijo. Varias denuncias de otras mujeres apuntan a que ese doctor estaría realizando operaciones sin permiso.

El citado médico fue demandado en 2013 junto con la autoridad hospitalaria del condado y un grupo de doctores, bajo acusación de presentar facturas falsas a servicios gubernamentales de atención médica a ancianos y personas de bajos ingresos. Tras un acuerdo, el Hospital del Condado de Irwin terminó pagando, y Amin no fue objeto de ninguna sanción por estos motivos.

El Conseil Migrant opina que este tipo de prácticas ilegales en contra de mujeres migrantes pueden haberse realizado también en otros centros de la red de prisiones migratorias, que se encuentran subrogadas por el gobierno de Estados Unidos y en donde las negligencias no sólo tienen que ver con estas operaciones, sino con casos de no atención a detenidos que padecían Covid-19.

Abogadas de mujeres migrantes anunciaron que presentarán una denuncia ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que esos organismos indaguen los hechos: “En estos momentos se sabe de dos mujeres mexicanas que han sufrido violencia obstétrica, no necesariamente les fue retirado el útero o los ovarios, pero sí procedimientos médicos que no eran necesarios… a manos de un médico, pero con la complicidad de funcionarios y personal que autorizaba y sabía de este tipo de prácticas”. “Con este tipo de operaciones, el médico responsable buscaba o cobraba facturas al gobierno de Estados Unidos, era un negocio redondo. Les inyectaba medicamentos para tener sangrados y con ello argumentar que tenían quistes o fibromas y era necesaria una intervención quirúrgica”.

Las denunciantes exigen que el gobierno de Estados Unidos y las empresas privadas que administran esos espacios rindan cuentas; además de que ese centro de detención sea cerrado.

Las autoridades de inmigración estadounidenses han negado las acusaciones. La dirección general de los Centros de Detención afirmó que las toma en serio, que investigarán; pero negó que se haga esterilización alguna sin consentimiento. El gobierno de EEUU ya llevó a cabo programas para esterilizar a personas con el pretexto de “mejorar la sociedad”: 33 estados tuvieron programas de esterilización forzada en el siglo XX. Países como Perú y Guatemala, entre otros, también practicaron procesos de esterilización forzosa de mujeres empobrecidas e indígenas.

Estos hechos, que ha saltado a algunos medios (por supuesto no a la gran “opinión pública”), se enmarcan en la multitud de testimonios que evidencian la violencia generalizada del capitalismo en su fase actual de crisis de acumulación. En su interrelación con el patriarcado, con las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales creadas, generan acumulación; facilitan un gran negocio con algo tan básico como la materialidad de una persona: su cuerpo. Un sistema estructurado que hizo y hace a las mujeres más vulnerables, impone la desposesión de sus cuerpos, las convierte en mercancía, objeto de deseo para usar, vender o mutilar.

Tatiana Delgado

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