Denuncian ante la ONU un caso de racismo y tortura policial en Madrid

“no les veo como protectores, sino con miedo”

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Los hechos denunciados se produjeron el día 26 de junio de 2020 en el distrito de Carabanchel, Madrid. La víctima, un hombre afroamericano, grabó desde el balcón de su casa, una actuación policial inadecuada de cuatro agentes con una persona negra. Fue entonces cuando uno de los policías se percató de que les estaban grabando. Horas más tarde, los mismos agentes identificaron al joven afroamericano, sin motivo alguno, a la salida de su domicilio. Al no tener la documentación a mano, subieron con él a su casa, donde habría recibido una violenta paliza por varios agentes de la Policía Nacional, hasta el punto de haber sido sacado a rastras de su domicilio.

“Tuve mucho miedo… Sentía terror porque no sabía hasta donde podían llegar»
Según consta en la denuncia enviada al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Relator Especial contra el Racismo, el Relator Especial sobre derechos de personas migrantes y el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes, hasta diez agentes de la Policía Nacional se abalanzaron sobre él y le golpearon sin que opusiera resistencia, arrastrándolo desde el pasillo de su casa al rellano. Un vídeo adjuntado a la denuncia muestra a varios agentes que no portaban el número de identificación obligatorio y que señalan que lo identifican por grabarles con el móvil. “Como no llevaban su identificación visible, les pedí su número de placa para denunciarlos, y me lo negaron en todo momento”.

El incidente tuvo lugar poco tiempo después del asesinato de George Floyd a manos de un policía estadounidense y en plena ola mundial de protestas contra el racismo y la violencia policial. Resulta relevante, porque al comprobar los agentes que la víctima tenía nacionalidad norteamericana, uno de los agentes puso su rodilla sobre su cuello y comenzó a hacer bromas sobre la muerte de Floyd, mientras los demás le propinaban patadas y puñetazos dentro de su domicilio.

“El propósito de la agresión fue el de humillar a la víctima por su color de piel y nacionalidad. Usar el terror, la violencia y las penas corporales para que borrase las imágenes de una actuación policial supuestamente inadecuada hacia otra persona afrodescendiente, por temor a que las imágenes fueran viralizadas y pudieran ser acusados de abuso policial”, relatan las denunciantes.

La víctima refiere haber sufrido asfixia, temor por su vida y sentimientos de humillación e indefensión ante las risas de los agentes. “Tuve mucho miedo…Sentía terror porque no sabía hasta donde podían llegar…Toda la situación era terrible…en un país democrático…pensé en todas las noticias en las que cuentan abusos policiales a negros, en las que nunca hay testigos..quizás lo más terrible era que quedaba claro que este tipo de cosas eran habituales…”

Fue detenido y trasladado a la comisaría del distrito Carabanchel, donde sufrió coacciones y chantajes para conseguir el borrado de las imágenes grabadas en su móvil. Ni tuvo acceso a un intérprete, ni le permitieron informar de su detención a la embajada de EEUU en España, ni comunicarse con un tercero durante todo el tiempo que duró la detención.

El pasado mes de noviembre, Naciones Unidas hizo públicos los resultados de su investigación “Covid-19, racismo sistémico y protestas mundiales”, en el que sitúa a España entre los países más veces señalados en relación a la violencia contra personas afrodescendientes, solo por detrás de los Estados Unidos. Los casos de racismo policial citados en el informe de la ONU fueron remitidos por el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España y la organización RIS, en junio 2020. Ambas organizaciones también contactaron con el Ministerio de Igualdad y el Ministerio del Interior para solicitar una actuación urgente ante los crecientes abusos policiales racistas durante el estado de alarma. “A pesar de ello, no se ha adoptado medida alguna, desde junio hasta hoy, para corregir las deficiencias y violaciones señaladas, ni se han modificado políticas, ni se han llevado a cabo investigaciones” sentencian las dos organizaciones.

Todos queremos vivir en paz y armonía en nuestros barrios, poder ir a jugar al fútbol con libertad y normalidad. La policía, en tanto que servicio público, debe proteger a todas las personas y no como señala el denunciante: “no les veo como protectores, sino con miedo”

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