De Ucrania ya nada sorprende. La semana pasada el Parlamento aprobó una ley que obliga a los operadores de telecomunicaciones a grabar y almacenar las conversaciones telefónicas de los abonados y los datos de sus viajes.
Los proveedores de servicios de internet están obligados a almacenar datos sobre las visitas de los usuarios a los sitios web y sus compras en línea.
La decisión ya fue tomada por la mayoría parlamentaria en tiempos de Viktor Yanukovych, durante el Golpe de Estado fascista de 2014, y calificada de “dictatorial” por los golpistas.
Lo que antes era negro, ahora se ha convertido en blanco y, naturalmente, se dirige contra los “prorrusos”, que hasta ahora “sólo” podían ser encerrados en campos de concentración. Ahora se trata de vigilar a los que hablan en ruso, sean “prorrusos” o no.
La Constitución de Ucrania es como todas las demás: prohíbe las intrusiones en la vida privada de los ciudadanos, pero la letra pequeña dice otra cosa y para ello no hace falta recurrir a tonterías, como la autorización judicial.
La nueva norma se ha aprobado por iniciativa del Presidente Volodymyr Zelensky, cada vez más parecido a sus antecesores.
El gobierno de Kiev podía olvidarse de los campos de concentración. No necesita alambres de púas para vigilar el idioma en el que hablan sus ciudadanos.
En Ucrania tienen el pretexto de los “prorrusos”. En otros recurren a los islamistas. A veces se inventan terroristas donde no los hay y a partir de ahora los negacionistas también van a dar mucho juego.
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