Lo que Garzón y Ribera no hacen por la Cañada Real: ni intervención ni sanciones a una de las empresas más poderosas de España

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Diego Herchhoren.— Hasta ahora solo ha habido palabras, pero sin contar con las prerrogativas que tiene la Comunidad de Madrid, tanto los Ministerios de Consumo como los de Transición Energética tienen en su mano recursos coercitivos contra Naturgy, antigua Gas Natural, que por algún motivo, no se aplican. La llegada de la ola de frío ha dejado a los habitantes de la Cañada Real al límite. Más de 4.000 vecinos, de los cuales la mitad son menores, llevan sin suministro eléctrico desde principios de octubre.

«Durísima» carta de Pablo Iglesias

«Ante de la dejación de Isabel Díaz Ayuso, que sigue sin pedir grupos electrógenos al Ministerio de Defensa (UME) para poder restablecer el suministro eléctrico a las miles de familias que llevan tres meses sin luz, calefacción ni agua caliente en la Cañada Real de Madrid, la Vicepresidencia segunda del Gobierno exige a la empresa Naturgy, responsable de la electricidad de la zona, que restablezca inmediatamente el suministro eléctrico«.

Son palabras de la Vicepresidencia de Servicios Sociales, que dirige Pablo Iglesias, en lo que ha sido el único movimiento de la Administración General del Estado para desbloquear esta situación, que ya se ha cobrado la vida de un vecino de 70 años. Una carta que debe estar haciendo temblar a los CEO’s de Naturgy (risas).

La aplicación urgente de la Ley del Sector Eléctrico

No obstante, hay herramientas a disposición de la Administración que por algún motivo no están en la agenda. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico dispone que todos los consumidores tendrán derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, en el territorio nacional, en los términos establecidos en dicha ley y en su desarrollo reglamentario.

En su artículo 10.2, se dispone expresamente que el Gobierno puede adoptar, para un plazo determinado, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: «Riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica«; «Situaciones de desabastecimiento de alguna o algunas de las fuentes de energía primaria» o «Situaciones de las que se pueda derivar amenaza para la integridad física o la seguridad de las personas, de aparatos o instalaciones o para la integridad de la red de transporte o distribución de energía eléctrica«.

Dicho en otras palabras, puede ordenar de manera coercitiva el reestablecimiento de la red, aún a pesar de las objeciones «de orden técnico» y de «seguridad» reflejadas por Naturgy públicamente.

La culpa es de la marihuana

La compañía viene insistiendo en que los cortes se deben fundamentalmente a que existen enganches ilegales que están produciendo sobrecargas en la red, pero no ha discriminado las zonas en que existen esos enganches, ni tampoco la Delegación del Gobierno en Madrid ha requerido a la compañía que especifique los puntos de conexión ilegal, para su eliminación llegado el caso (si es que ese era el problema).

Pero es que además, la ley prohibe a Naturgy suspender el suministro de energía eléctrica a aquellas instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales de conformidad con esta norma. Y entre estas instalaciones esenciales se incluyen «aquellos suministros de ámbito doméstico en los que exista constancia documental formalizada por personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible para la alimentación de un equipo médico que resulte indispensable para mantener con vida a una persona. En todo caso estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual«.

Y también «aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social. Estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual. Todo lo anterior deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas

Es decir, que la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica, a cargo de Teresa Ribera, tienen plenas facultades coercitiva de obligar a la compañía a restablecer el fluido eléctrico.

Alberto Garzón y la Fiscalía

Pero también el Ministerio de Consumo, en calidad de órgano que absorbió al antiguo Instituto Nacional de Consumo, tiene la facultad de promover la llamada «acción de cesación» en materia de consumo, ya sea como promotor o a través de la Fiscalía General del Estado.

La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene en este caso a Naturgy a cesar en su conducta o a prohibir su reiteración futura. Se trata de un instrumento legal en manos de la cartera que dirige Alberto Garzón, y que ha sido utilizada en ocasiones anteriores, de gran importancia, pues más que la búsqueda de una indemnización por un daño producido, lo que pretende es que la actuación de las compañías se ajusten a las reglas legales impuestas para la protección de los consumidores y usuarios.

Y evidentemente, cortar el fluido eléctrico en las condiciones actuales, desde luego lo es.

Pero además puede promover la adopción de una medida cautelar consistente en el reenganche del suministro, y si tan problemáticas son las conexiones de las plantaciones de marihuana, siempre queda a disposición de la compañía realizar las labores técnicas de localización y corte en las zonas afectadas, minimizando el impacto sobre el resto de familias.

Toda esta perorata legal, el Gobierno la conoce, pero a lo mejor esto es una gran oportunidad para quienes, desde hace tiempo, quieren desalojar la Cañada Real, y por esa razón, aquí nadie mueve ficha porque ya se sabe: una crisis siempre es una oportunidad.

Fuente: mpr21.inf

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