Unidas Podemos ha registrado una propuesta en el Congreso de los Diputados aceptando la distribución de pistolas táser entre las fuerzas de seguridad, pero «limitándolas» y «formando» a los policías. Las limitaciones que piden los morados es que no se usen con menores de edad, personas con discapacidad mental o que estén bajo los efectos de las drogas.
En una Proposición No de Ley (PNL), el partido que forma parte del Gobierno de coalición junto al PSOE reclama que se “continúen elaborando protocolos” para cumplir los estándares internacionales de derechos humanos en el uso de las conocidas como pistolas táser.
En concreto, desde el partido que lidera Pablo Iglesias piden que se prohíba el uso de las armas de electrochoque “en modo de contacto directo, pues entraña considerable riesgo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, aspecto que ya está regulado en las órdenes ministeriales distribuidas entre las diferentes fuerzas.
También solicitan garantizar la formación de los agentes y prohibir el uso de descarga “reiterada o prolongada”, así como que este dispositivo se utilice “contra determinados colectivos”, citando a “menores de edad, personas con alteraciones emocionales o incapacidad mental o física, o personas bajo el efecto de las drogas”, lo que supondría en la práctica que, antes de proceder a la descarga, los agentes deberán pedir el DNI a las personas afectadas por el disparo.
La PNL firmada por el diputado Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista de España (PCE) quiere que se vele por la obligatoriedad de que este tipo de armas se utilice “sólo si existe una necesidad operativa real” que no determina, limitando el uso, al igual que las armas de fuego, a situaciones con riesgo para la vida o integridad física del agente o terceras personas.
Unidas Podemos subraya la importancia de investigar aquellos usos inadecuados de las pistolas eléctricas, estableciendo mecanismos internos que permitan la elaboración periódica de informes públicos, incluyendo aquí a todas las administraciones del Estado que dispensen este material entre sus policías.
El pasado mes de octubre, la Policía Nacional informó de la aprobación del protocolo interno por el que distribuiría las primeras 300 pistolas eléctricas para su uso “eminentemente disuasorio”, aunque de forma restringida a aquellos agentes que hayan superado previamente la formación teórico-práctica necesaria para su tenencia, uso y manejo. Su uso exige, según explicaron, “proporcionalidad” y queda supeditado a que se “agoten todas las vías de diálogo, negociación y mediación posibles”.
La propuesta de Unidas Podemos recuerda que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, aseguró en septiembre en el Congreso que se iban a adquirir 1.000 pistolas eléctricas destinadas a las unidades de seguridad ciudadana.
