Las ayudas desplegadas por la Unión Europea (UE) vienen con factura. Fue una de las condiciones que los “halcones” europeos, con Holanda a la cabeza, impusieron en la negociación. Y las condiciones son claras.
Si bien durante el 2020 la lucha contra la Covid19 era la prioridad, desde Bruselas dejaron claro que las indicaciones formuladas durante 2019 eran también de obligado cumplimiento, y eufemismos a un lado, esto quiere decir reformas. En el caso del Estado español estamos hablando, principalmente, de la reforma de pensiones y de la reforma laboral.
El discurso del gobierno de Sánchez e Iglesias llenó titulares en los medios con la “transición a una economía ecológica”, el 5G, una transición industrial, y así hasta 170 reformas. Pero lo cierto es que lo único que importa y servirá como pago de factura serán las reformas citadas.
Durante 2020, con un control más laxo por parte de Bruselas, el Gobierno “más progresista” de la historia desplegó unas medidas de ayudas que a todas luces fueron insuficientes: ERTEs que menguaron la capacidad económica de lxs trabajadorxs y que no han impedido que el paro alcanzara casi el 17% y sobrepasara el 40% en los menores de 25 años. Además estableció periodos “gracia” para evitar desahucios o cortes de luz y gas, que una vez levantados facilitó que los grandes tenedores de vivienda y las grandes empresas pudieran recuperar el tiempo perdido. Solo hace falta mirar lo sucedido con la electricidad días atrás bajo el temporal Filomena.
Otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), han llegado a cuentagotas y han sido, eso sí, mínimas. Unos importes que no alcazan ni tan siquiera la media de un alquiler en el Estado español. Y todo este panorama mientras las grandes empresas del Ibex 35 han sorteado la pandemia gracias a las ayudas gubernamentales y proyectando falsos proyectos innovadores para sacar, aún más, tajada de los fondos europeos.
Es con este panorama, y ahí están los datos, con los que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos llega a las puertas de los exámenes de Bruselas. Y decimos “exámenes” porque desde este 2021 las políticas del Gobierno tendrán que pasar dos validaciones anuales de Europa para seguir recibiendo las ayudas, que recordemos, en el caso del Estado español ascienden a 70.000 millones de euros.
Recordemos que la penalización por no aprobar estas validaciones de Bruselas, no solo pasan por el corte de las ayudas, sino que en los casos más agudos la sanción puede conllevar incluso el retorno del paquete de ayudas destinado hasta ese momento.
Las exigencias que más interesan son la reforma de las pensiones y la reforma laboral. Por lo que hace a la primera significa ni más ni menos que el Gobierno “progre” de coalición tendrá que realizar recortes en las pensiones que reduzcan el déficit de 22.000 millones de euros actualmente existente.
En la comisión del Pacto de Toledo el Gobierno ha mantenido silencio sobre las reformas necesarias. Escrivá, ministro de Seguridad Social, guardó silencio frente a sindicatos y agentes sociales, para después, cuando se tuvo que elaborar un papel de reforma para Bruselas ahí sí incluyó los 35 años. Además, prepara un nuevo factor de sostenibilidad y un sistema de revalorización con el IPC que se compense a varios años.
A esto se le suma el anuncio de ampliación de la edad real de jubilación, insinuando también de fondo medidas incluso para ampliarla por encima de los 67 años actuales. Todo pese a que la media de la UE en gasto de pensiones es un 12,4% y el Estado español actualmente tiene un gasto del 10,9% sobre su PIB.
En lo referente a la reforma laboral, esa que durante campaña electoral era diana de ataques y que ahora es inmutable (a menos que sea a peor para lxs trabajadorxs), se habla de un fortalecimiento de la contratación indefinida, otra de las exigencias señaladas desde Bruselas, de la que se dice que existen “avances muy limitados”.
Esto supone, entre otras cosas, con casi toda seguridad desempolvar los proyectos de la denominada “Agenda Social” de los social liberales del PSOE que figuraba en su programa político, tales como la “mochila austriaca”, que implica un fondo que el propio trabajador se iría generando para pagarse su propio despido. Y, sin duda, la reducción de las modalidades contractuales existentes de cara a flexibilizar, facilitar y abaratar aún más los despidos al dejar los contratos indefinidos en letra muerta.
Se convertirán la mayoría en indefinidos, eso es cierto, pero de facto serán siempre temporales al reducir las indemnizaciones por despido y/o ser sufragadas por el propio trabajador. Esto convertirá la precarización laboral y la explotación máxima de las y los trabajadores por los empresarios, aún más que en la actualidad, en el principio básico de las relaciones laborales.
Esta es la factura, en forma de reformas, que el Gobierno “más progresista” de la historia tirará adelante para cuadrar las cuentas en Bruselas, algo que siempre ha sido prioritario para los ejecutivos socialistas y que por supuesto, en este caso también lo es para Unidas Podemos.
Por ello, más allá de los rifirrafes televisados entre socios de gobierno, al final el rumbo social liberal está marcado a fuego, como no podían ser de otra manera y Unidas Podemos forma parte de él. Y no como actor secundario, sino como principal sentándose en el Consejo de Ministros.
Frente a los ataques que están por venir y la nula alternativa que representa Podemos o Izquierda Unida, se hace imprescindible levantar un programa de emergencia y rescate social en favor de la clase trabajadora y las clases populares. Basado en un calendario de movilizaciones en la calle, unificando los conflictos e impulsado sobre la base de la organización de asambleas en los barrios, centros de trabajo y centros de enseñanza que impulse la lucha hacia una huelga general, puede parar los ataques y plantear la vía hacia un gobierno de las trabajadoras y trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas.
