“Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo” – Eduardo Galeano
Fue a finales de diciembre, concretamente el día 23, cuando el Estado genocida de Israel, a través de su Ministerio de Salud, comenzó a distribuir la vacuna contra la COVID-19. Rápidamente, los medios internacionales se hicieron eco de la curiosa efectividad del programa de vacunación israelí: “que ha alcanzado a casi el 15% de su población en menos de un mes, pero a tan solo 100 palestinos fuera de la anexionada Jerusalén Este”. (The Washington Post; Israel’s vaccine efforts are incomplete until they include Palestinians, 2021)
Como si no fuera suficiente con el proceso de ocupación militar que la población palestina sufre desde hace más de siete décadas, con la colonización, los ataques a vehículos, viviendas, hospitales y escuelas palestinas, ahora tienen que contemplar como las autoridades israelíes celebran una campaña de vacunación sin precedentes a costa de dejar a millones de palestinos sin vacunas. Una prueba irrefutable de hasta qué punto se considera que las vidas israelíes tienen más importancia que las palestinas.
El Estado de Israel continua en su criminal misión de borrar de la faz de la tierra todo rastro del pueblo palestino; en esta ocasión, poniendo de manifiesto la segregación como punta de lanza de sus políticas y negando la entrada de vacunas y otros materiales médicos a los Territorios Palestinos Ocupados: “Mientras el país lidera los ránkings mundiales de vacunación, los cinco millones de palestinos que viven en la Cisjordania ocupada y la Gaza bloqueada aún deberán esperar meses para recibir sus dosis”. (El Periódico; Israel abandona a los palestinos en su plan de vacunación masivo, 2021)
Lo que aquí observamos es el desarrollo del conflicto árabe-israelí por otras vías, por el expolio sanitario, al objeto de continuar con los planes expansionistas del imperialismo sionista, con la matanza de palestinos, de continuar el terror para mantener los territorios ocupados e impedir toda posibilidad de que el pueblo palestino construya un Estado independiente y en paz.
La dependencia que Israel quiere provocar sobre el pueblo palestino viene de lejos. Fue en 2001, tres años después de su inauguración, cuando el régimen israelí destruyó por completo el primer aeropuerto internacional palestino, símbolo de la soberanía del pueblo, “uno de los planes con mayor proyección que conectaba la Franja de Gaza con el resto del mundo”. (Palestina Libre; Aeropuerto de Gaza, un sueño hecho trizas, 2013)
Esta dependencia forzada se constataría al comienzo de la pandemia, cuando los envíos de respiradores, mascarillas y equipos de pruebas tuvieron que pasar por la coordinación con Israel: “De hecho, el Estado de Palestina, como fue reconocido oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2012, apenas tiene control sobre sus importaciones, incluidas mascarillas, respiradores y ahora vacunas, o su economía, que se espera que pierda un 35% de su producto interior bruto como consecuencia de la COVID-19”. (The Washington Post; Israel’s vaccine efforts are incomplete until they include Palestinians, 2021)
En este sentido, observemos lo que tiene que decir sobre esto el derecho internacional: “En toda la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias. Se autorizará que el personal médico de toda índole cumpla su misión. (IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra; Sección III – Territorios ocupados, Artículo 56 – Higiene y sanidad pública, 1949)
Ante esto, y acogiéndonos a la propia legalidad internacional que establecen los Estados burgueses contemporáneos, es más que evidente que el Estado de Israel tendría la obligación de garantizar los suministros necesarios para combatir la pandemia de la COVID-19 en territorio palestino. Por ello, y con más de 160.000 contagiados y 1.800 fallecidos, la Autoridad Palestina solicitó 10.000 dosis para inmunizar a los trabajadores sanitarios, a lo que el Estado de Israel, acorde con su naturaleza inhumana y criminal informó de la entrega de 100 dosis de vacunas, colgándose todo tipo de medallas por el “gesto humanitario”; una acción que resulta más burlesca si cabe cuando descubrimos que la Autoridad Palestina niega haber recibido tales dosis.
Visto lo anterior, queda patente que la llamada Comunidad Internacional ni tan si quiera existe; que sólo es el ropaje “humanitario” que emplean las potencias burguesas, una falsa contraparte a sus injerencias imperialistas, pero el telón siempre cae y el teatro queda al descubierto. Queda patente que la lucha por la libertad de los pueblos requiere del combate al modo de producción capitalista que, en su fase agonizante, engendra al monstruo del imperialismo, siendo a la vez un problema que trasciende toda frontera nacional. Luchar contra el imperialismo es luchar por el socialismo; es aplicar los principios del internacionalismo proletario que acaba con los intereses de la burguesía y libera al proletariado mundial.
El pueblo palestino, castigado, bloqueado y continuamente masacrado requiere la solidaridad del mundo. En la tragedia de Gaza vemos de forma transparente la hipocresía diaria, el silencio del oportunista, los discursos vacíos de los políticos socialdemócratas, las declaraciones huecas de los organismos internacionales, las posturas ambiguas, la barbarie imperialista, el abandono, las promesas de paz incumplidas y, sobre todo, la sagrada impunidad de un genocidio que no se está deteniendo.
¡ABAJO EL IMPERIALISMO!
¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO!
Madrid, 23 de enero de 2021
SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)
