“Que nosotros no fuimos nunca fanáticos de la democracia formal, sólo significa lo siguiente: siempre hemos distinguido el núcleo social de la forma política de la democracia burguesa, siempre supimos ver la amarga semilla de la desigualdad y de la sujeción social que se oculta dentro de la dulce cáscara de la igualdad y la libertad formales no para rechazarla, sino para incitar a la clase obrera a no limitarse a la envoltura, a conquistar antes el poder político para llenarlo con un nuevo contenido social. La tarea histórica del proletariado, una vez llegado al poder, es crear, en lugar de la democracia burguesa, la democracia socialista, y no abolir toda democracia”
(ROSA LUXEMBURGO)
La detención de Pablo Hasel para el cumplimiento de una condena por “apología del terrorismo”, ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión política fundamental. Su grito “muerte al Estado fascista”, ha sido consigna entre las manifestaciones de repulsa a su detención que ha hecho pie en un espacio del movimiento revolucionario, en el que el Estado español es caracterizado como “fascista”.
Por supuesto, condenamos la sentencia que ha conducido a Pablo Hasel a prisión, como no puede ser de otra forma, ya que entendemos que vulnera el principio fundamental de la libertad de expresión, como elemento definitorio del Estado liberal democrático y de derecho. Dicho de otra forma, Pablo Hasel no ha sido encarcelado porque un “Estado fascista” haya puesto en marcha su maquinaria represiva, sino que la máquina represiva, ha sido la de un Estado liberal democrático y de derecho.
Paradógicamente, definir al Estado español como fascista por prácticas represivas de este tipo, podría generar comparaciones respecto a otros estados capitalistas democráticos, “blanqueando” otras legalidades liberal-burguesas.
No es una cuestión menor. El Estado español no es fascista, y de nada vale recurrir a argumentos como que el fascismo opera de formas diferentes en el presente, que no hay que pensar en masas uniformadas y militarizadas y en parafernalias propias de los años 30. Efectivamente, en el Régimen del 78 hemos asistido y asistimos, a torturas, prácticas de terrorismo de Estado, “Cloacas”, vulneraciones de derechos y libertades de diverso tipo, e incluso podemos hablar de una “deriva autoritaria”, pero estos elementos, por muy miserables y condenables que sean, no nos remiten a lo que sería un Régimen fascista.
Ya en este punto del escrito, habrá quienes apunten a que estoy tratando de “blanquear” el Régimen al no tacharlo como fascista. Ni mucho menos es así, pues de lo que se trata es de realizar una correcta caracterización del Régimen, no para abrir un debate de tipo académico-politológico, sino precisamente para encontrar los elementos en torno a los cuales se puedan desarrollar elementos reales de deslegitimación del mismo, para superarlo en términos democráticos.
Afirmar que nos encontramos en un Régimen fascista, es la forma con la que ciertos núcleos revolucionarios pretenden evitar posibles “desviaciones oportunistas y reformistas”, cerrando la posibilidad de avances políticos y organizativos del
Proletariado. No porque de facto no sean posibles, sino porque estos avances en realidad no servirían para otra cosa que legitimar y consolidar al propio régimen, lo que conduce a un bucle, en el que la actividad política revolucionaria estaría limitada “por decreto” a las determinadas por una oposición contra un Estado fascista, con implicaciones muy importantes en lo referido a una línea de masas.
Existen suficientes evidencias como para saber que existe una legalidad liberal-burguesa y democrática, que permite entre otras cuestiones, que existan organizaciones comunistas, anarquistas, independentistas, un sistema de garantías jurídicas e incluso -y atención con esto, que no sea malinterpretado- un control sobre las fuerzas represivas que no permite hablar de una impunidad absoluta ante casos de abusos policiales.
Otra cuestión es que denunciemos las contradicciones existentes entre legalidad y casos concretos y de un deriva autoritaria Que pongamos sobre la mesa casos en los que la justicia no opera en términos ni siquiera de igualdad “formal” ante la ley, o que situaciones de torturas y abusos policiales terminen en condenas irrisorias o incluso absoluciones, o jueces que ante la violación de una mujer, hable de “jolgorio”… Pero de ahí a hablar de fascismo, dista bastante.
No es lo mismo la democracia liberal-burguesa en Suecia, Alemania, Hungría o España. Las correlaciones de fuerzas determinan la forma en la que el bloque en el poder impone su dominación e incluso se dan situaciones, en las que el bloque en el poder establece alianzas con fracciones y grupos del proletariado para reforzar la legitimidad del Régimen, ampliando derechos y libertades formalmente democráticas.
En el caso del Estado español, el Régimen del 78 es una estructura cuya función es la reproducción política, económica e ideológica del capitalismo y de su bloque en el poder que, a su vez, no es un bloque monolítico, sino que en el mismo operan contradicciones entre las diferentes fracciones de capitalistas y su relación con el propio Régimen y sus aparatos, cuya función en última instancia es la de asegurar la estabilidad. Una estabilidad que, a pesar de que podamos señalar centenares de casos de represión, esencialmente no es predominantemente represiva, pues incluso no resultaría funcional para el propio régimen.
A cierto empresariado, por supuesto le gustaría que los y las trabajadoras trabajaran incluso gratis, o entre los sectores reaccionarios, que el catolicismo fuera la religión oficial y proscribir el aborto, pero existen condiciones para que no sea posible -al menos de momento- porque existe un Estado de derecho, en el que los sindicatos, aún funcionando como aparatos del régimen, aportan una estabilidad para la reproducción y acumulación de capital.
Como afirma Rosa Luxemburgo, no somos defensores de la democracia formal burguesa, pero si sabemos diferenciar los márgenes que deja abiertos para una profundización democrática y para el desarrollo de una línea de masas que vaya más allá de grupos revolucionarios encerrados en el bucle de una caracterización fascista del Estado. Dicho de otra manera, lo ideal hubiera sido lograr movilizaciones masivas en la que el proletariado hubiera acudido en masa incluso con hijas e hijos, en las que un conjunto de organizaciones denunciaran las violaciones de derechos fundamentales democráticos, incluido el derecho a la libre expresión de Pablo Hasel, y que se retraten las fuerzas “progresistas” que integran el gobierno de coalición, y mostrar fuerza democrática precisamente frente a los sectores fascistas que quieren ganar posiciones dentro del Régimen.
