El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido este viernes de que el rey Juan Carlos I podría librarse de sus posibles responsabilidades penales y tributarias debido a la «lentitud» de la Agencia Tributaria (AEAT) y la Fiscalía del Tribunal Supremo.
En un comunicado, Gestha señala que la segunda regularización tributaria presentada por el rey emérito -que asciende a 4 millones de euros y corresponde a rentas de más de 8 millones relacionadas con vuelos privados pagados por la Fundación Zagatka- elevaría a más de 7 millones de euros las ganancias patrimoniales no justificadas de Juan Carlos I de acuerdo a lo declarado hasta ahora.
Esta regularización, al igual que la primera, se realiza antes de recibir notificación formal de investigación, por lo que «la ley tributaria vigente respalda que el monarca emérito ya no habría cometido ninguno de los presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública» que se están investigando.
Gestha detalla que es posible presentar varias declaraciones fuera de plazo para regularizar la situación tributaria si se refieren a distintos impuestos o años no prescritos, que ahora serán analizadas para garantizar que la información es «veraz y completa». En caso de que se demostrara que la regularización no es veraz y completa, el importe abonado se consideraría pagado a cuenta de futuras responsabilidades penales y tributarias.
Instan a la Agencia Tributaria a investigar
En este caso concreto, los técnicos de Hacienda tienen «dudas» de que los hechos regularizados, por lo que instan a la Agencia Tributaria a abrir una investigación «como haría con cualquier contribuyente» para evitar incurrir en «dejación de funciones».
Una regularización tributaria consiste en la presentación de una declaración de cualquier impuesto extemporánea (fuera de plazo) siempre que no se haya recibido previamente un requerimiento ni de la administración tributaria ni de la justicia.
Para que la situación se considere regularizada es necesario reconocer el error cometido y abonar la deuda tributaria, unos requisitos que si se cumplen impiden que el contribuyente pueda ser sancionado o juzgado por ese delito fiscal.
En el caso del rey emérito, la regularización «indica que la Agencia Tributaria no había abierto una investigación», ha explicado el presidente del sindicato de Gestha, Carlos Cruzado, en el programa Las Cosas Claras. Es por ello, señala, que ésta debería explicar el motivo, siendo que «la Fiscalía Anticorrupción ya planteaba hace dos años que podía actuar a la vista de los indicios», algo que ha considerado «sorprendente».
En una regularización hay que abonar tanto las cantidades que no se pagaron en plazo como un recargo, que aumenta a medida que lo hace el retraso con respecto al fin del plazo: 5 % en los tres meses siguientes, 10 % en los seis meses siguientes y 15 % en los doce meses siguientes. Si la declaración se presenta más de un año después del fin de plazo, el recargo es del 20 % e incluye intereses de demora.
Una vez presentada la regularización, la administración tributaria o la justicia pueden investigar al contribuyente si tienen indicios de que la declaración no está completa, pero no se pueden perseguir irregularidades relacionadas con la deuda tributaria reconocida y satisfecha.
Otras «incógnitas»
Cruzado considera que hay más «incógnitas», como las conversaciones del abogado de Juan Carlos I con la propia Agencia Tributaria. El presidente de Gestha considera que es necesario aclarar el contenido, ya que, si bien el letrado podría acudir a presentar la regularización, no podría negociar la forma de presentarla «si es que esto ha sido así».
Además, en cuanto al posible origen del dinero, el presidente de Gestha ha explicado que «si se habla de pagos en especie, será una retribución a cambio de una contraprestación que no sabemos y que habrá que investigar», mientras que «si son unas donaciones en pagos de gastos como agradecimiento a la Corona, no encajaría en esta regularización al impuesto sobre la renta».
Ignacio Ruiz Jarabo, economista y exdirector de la Agencia Tributaria, ha apuntado a dos posibles hipótesis que justificarían la regularización fiscal del rey emérito. La primera sería que éste hubiera realizado una prestación de servicios por la que habría recibido posteriormente una retribución de aproximadamente ocho millones de euros.
La segunda posibilidad sería, según el exdirector, que se tratase de «una simulación y que el dinero que se dice haber recibido como regalo, realmente, fuera de su titularidad. Ambas son poco edificantes».
las cosas claras/RTVE/insurgente
