Organizaciones del Amazonas denuncian asesinatos de indígenas

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En 2020 se registraron 202 asesinatos a defensores indígenas de los derechos medioambientales.

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La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y sus organizaciones miembros de los países amazónicos anunciaron este miércoles en su sitio oficial el aumento de los asesinatos de líderes indígenas ambientalistas.

 

La Declaratoria de Emergencia de Derechos Humanos para defensoras y defensores indígenas de la Amazonía, sangre en la selva exigimos justicia, revela que solo en el primer trimestre de 2021 se han registrado, por lo menos, 16 asesinatos de activistas indígenas ambientalistas.

El documento precisa además que en 2020 se registró un total de 202 asesinatos en países como Colombia, Brasil, Perú y Bolivia, lo cual equivale a un promedio de un asesinato de activista amazónico cada dos días. También, en 2019, sucedieron 135 actos de violencia de este tipo, lo cual revela una tendencia creciente, añade el texto, que se ha agravado con la situación pandémica.

José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de Coica, expresó, citado en el sitio de la organización, que esta vulneración constante de los derechos humanos de activistas indígenas es un peligro doble, tanto para sus vidas, como para la biodiversidad que ellos defienden.

“Exigimos a nuestros gobiernos y a las instancias internacionales que tomen acciones para proteger a nuestros defensores y a nuestras comunidades porque deben hacerlo, caso contrario se convierten en cómplices de un etnocidio” sentenció Díaz Mirabal.

“Deben estar conscientes y la ciencia muestra, que no van poder responder a las demandas de un mundo en crisis sin nuestra contribución como pueblos indígenas, sin reconocer nuestros derechos, y sin acabar con las amenazas que nos están poniendo en riesgo”, agregó el citado líder ambientalista.

La declaración oficial dirige su denuncia a entes multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Además, tiene como segundo destinatario directo a los gobiernos de los países amazónicos (Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam), a los que exige específicamente una relación de cinco demandas básicas.

Dichas demandas son una política efectiva de protección de derechos humanos, acciones urgentes de investigación, la titulación de territorios de pueblos indígenas y su subsecuentes garantía legal, respeto a procesos de autonomía, y la implementación del Acuerdo de Escazú, que incluye la disposición de garantizar un entorno seguro y propicio para estas comunidades.

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