La represión del estado a la lucha juvenil por el derecho a la vivienda

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JCPE Cantabria.— El 16 de julio del año pasado, varios militantes y simpatizantes de la JCPE nos desplazamos a Astillero (Cantabria) para acudir a la convocatoria en apoyo a una familia, con menores a cargo, que iba a ser desahuciada.

 

Aquel día llegamos a primera hora de la mañana al lugar, donde nos encontramos un dispositivo policial similar a los que podemos ver en un atentado, portando incluso metralletas, rodeando por completo el portal. La tensión se palpaba en el ambiente, estando entre ellos y nosotros un vallado de metal (puesto de forma ilegal, sin previa notificación) que nos impedía acceder al portal para impedir el desalojo. Tras varios minutos, a la llegada del cerrajero se le impide el paso mediante un cordón humano, al que la Guardia Civil responde sin mediar palabra usando la violencia, en ese momento un militante de la JCPE fue arrastrado dentro del portal para ser insultado y golpeado. Él relata así lo sucedido:

“Cuando llega el cerrajero se forma un muro humano, tratando de evitar su entrada, el cual es sofocado bruscamente y a porrazos por los agentes, es en ese momento cuando yo trato de echar una de las vallas hacia atrás, cuando de repente, tengo a tres guardias civiles encima que me arrastran hasta la oscuridad del portal donde, con total impunidad, me abofetean, reducen y apalean, todo ello junto a una ristra de insultos e improperios, tales como maricón de mierda o ahora aprenderás lo que es la autoridad […].

[…] Han pasado los meses, y hasta ahora sabemos que han archivado las denuncias puestas tanto por mí como por un compañero también agredido aquel día, que ellos han podido declarar desde la comodidad de un escrito (nosotros fuimos citados como todo hijo de vecino), que las multas que han cargado sobre aquellos que pudieron identificar aquel día suman casi 5.000 € y que B. y yo nos estamos enfrentando a una acusación por atentado a la autoridad. Todo esto en el marco de que quienes estábamos allí aquel día tan solo queríamos que una familia con dos niños no fuese expulsada de su hogar.”

La Guardia Civil ha comenzado un proceso judicial contra el militante de la juventud y a otro compañero más. Ambos se enfrentan a unas acusaciones que podrían acabar entrando en prisión. Después ese mismo día varias personas fueron identificadas, de forma aleatoria. Alguna incluso mucho antes de haber sucedido nada. De las cuatro personas que fueron identificadas, cada una se enfrenta a dos multas, que suman 1.200 €. Con acusaciones idénticas, en las que no ha importado como actuó cada uno. Simplemente se tenían los datos de tantas personas, pues a tantas personas imponen sanciones. Nuevamente estas multas se basan en la manipulación de la realidad. Ya que la propia acta judicial desmiente la versión que ofrece la Guardia Civil.

La situación que vivimos aquel día y toda la represión posterior no es más que otro ejemplo de lo que está sucediendo a diario en todos nuestros barrios. Las fuerzas represoras del estado están viendo crecer su poder ante unos tiempos de letal crisis a gran escala. Recordemos que el capital es el que manda en estos momentos, y este siempre se ha valido de la buena cara que ofrecen estos supuestos gobiernos “progresistas”, en los que la lucha contra la represión parece ser una de las banderas de su discurso, pero luego vemos en la praxis que esto no hace más que empeorar. Con esto buscan desmovilizar y criminalizar el movimiento en defensa de la vivienda digna. No es casualidad que las personas reprimidas sean todas jóvenes, ya que quieren crear temor y así acabar con la solidaridad.

La lucha por una vivienda digna sufre una gran ofensiva utilizando los medios de comunicación para crear una alerta social sobre la ocupación. Una gran cortina de humo sin base real para enfrentar a la clase obrera contra sí misma, en vez de organizarse contra los especuladores, fondos buitre y bancos que desahucian a diario. En 2020, a pesar del estado de alarma y todos los decretos que decían que pararían los desahucios, hubo unos 29.400 desahucios, de los cuales unos 460 en Cantabria. Mientras tanto en el mismo periodo hubo diez veces menos de ocupaciones unas 2.880 en todo el estado y 32 en Cantabria.

Los decretos aprobados son un mero parche, para intentar paliar una grave situación. Pero solo están sirviendo para evitar que las grandes fortunas dejen de ingresar, si tú no puedes pagar las cláusulas abusivas, el estado lo pagará usando el dinero público. En vez de regular este mercado, expropiar y crear vivienda pública. La socialdemocracia sigue legislando a favor de los especuladores.

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