El pasado 1 de julio fue asesinado y decapitado en su casa y frente a su familia, por un individuo perteneciente a las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el dirigente indígena, Luis Picasio Carampaima que trabajaba con el resguardo de Catrú al cual pertenecía, en la vereda de Santa Catalina de Catrú, Alto Baudó, Chocó.
Este municipio se encuentra en medio de la selva y es escenario constante de la guerra contra el pueblo, producto de la disputa violenta de grupos armados por la renta extraordinaria que genera el negocio de los psicotrópicos. Estos grupos armados, llámese paramilitares o disidencias o grupos guerrilleros, luchan por el control de amplias zonas que son usadas para transportar droga hacia el Pacífico y traficar con minería ilegal.
El asesinato de Picasio, es uno de los muchos, que lamentablemente han cometido en esta zona bandas de narcotraficantes, que trabajan para diferentes sectores de la burguesía y los terratenientes. Por ejemplo, a mediados de marzo de 2020 las AGC decapitaron a cinco personas en el corregimiento de Chachajo. El desplazamiento forzado también es común en la zona, pues a finales de febrero de este año se informó que 2893 familias se habían desplazado -más de 15800 personas- y otras 1310 indígenas se encuentran confinadas, lo que equivale al 70% de la población. En el año 2000 fue desplazado el 80% de la población, lo que siempre ha respondido el Estado asesino de los ricos con más presencia de las fuerzas armadas, las cuales actúan en complicidad con las bandas criminales.
Clan del Golfo, ELN, AGC, Ejército, Policía…todos se enfrentan por salvaguardar los intereses de diferentes carteles de la mafia poniendo como carne de cañón a las masas populares negras, indígenas y campesinas de esta zona del país, que sufren el reclutamiento forzado de los jóvenes, la violación de las mujeres, el asesinato despiadado y selectivo de los dirigentes sociales, el desplazamiento de sus lugares de vivienda. Mientras el pueblo es asesinado, el régimen mafioso y las clases dominantes se lucran a costa del sufrimiento de miles de familias en diferentes zonas del país.
Los obreros conscientes rechazan estos crímenes, la guerra contra el pueblo, el miedo y la zozobra que los carteles de la droga, con la participación directa del Estado y el régimen, imponen sobre el pueblo desarmado.
La salida a estos sufrimientos que implica el capitalismo en la sociedad colombiana, es la unidad del pueblo; su organización en Milicias Populares, Guardias Comunales y Ejército Popular; y la lucha directa de las masas populares, que debe continuar con mayor contundencia, aprendiendo de los grandes avances que ha dejado el Paro Nacional Indefinido y de sus debilidades; una de ellas la de fortalecer la alianza obrero campesina bajo una dirección verdaderamente consecuente y defensora de los intereses del pueblo, para garantizar que el paro sea general y la movilización en las calles capaz de derrotar a las fuerzas represivas del enemigo.
Así mismo, todo esto como parte de avanzar en la preparación de una Guerra Popular por la emancipación definitiva del yugo del capital. Guerra que debe enfrentar clase contra clase, burgueses versus proletarios del campo y la ciudad para destruir de raíz el podrido estado burgués terrateniente, máquina de horror y muerte para las masas populares y venza el terrorismo de Estado que asesina por miles a hombres y mujeres del pueblo, estableciendo el Estado de Obreros y campesinos donde sean estos quiénes todo lo produzcan y todo lo dirijan.
