Justo antes del inicio del invierno, a cuatro días del comienzo de las Navidades y en plena sexta ola de la pandemia del coronavirus, este 20 de diciembre una familia vulnerable ha sido desahuciada de su casa en la calle de Roger de Flor de Barcelona, en el barrio del Eixample.
Carlos Berrocal y su madre, de 72 años, se han quedado en la calle después de que un gran despliegue de los Mossos d’Esquadra haya ejecutado el desahucio, paralizado anteriormente hasta en seis ocasiones gracias al apoyo de activistas por la vivienda y vecinos.
Una foto resume a la perfección la dureza del momento. En ella se ve a un indefenso Carlos sentado en el suelo y con los brazos en alto en la puerta de su piso mientras los agentes entran con cascos y escudos protectores.
Carlos y su madre llevaban residiendo en esta vivienda desde hacía 20 años y, después de que los alzamientos anteriores fueran paralizados, esta vez sí intuían que sería el definitivo pese a la moratoria estatal (vigente hasta el 28 de febrero). De hecho, habían estado haciendo cajas en las jornadas previas. El desahucio estaba previsto para las 8:30 de la mañana, aunque la comitiva judicial no llegó a la puerta del piso hasta poco antes del mediodía.
Y es que antes los Mossos d’Esquadra tuvieron que retirar uno a uno a los activistas y vecinos que desde primera hora de la mañana se habían agolpado a las puertas del edificio para evitar el desahucio. Esta vez no consiguieron su objetivo.
El desahucio se ha llevado a cabo pese a que la familia se había amparado en las Naciones Unidas, a la que enviaron una carta que fue aceptada. Su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pidió que se detuviera, pero el juez dio la orden de que se ejecutara.
Entidades como la PAH, el Sindicat d’Habitatge de Gràcia, el Sindicat de Llogateres de Barcelona también trataron de impedir el alzamiento e incluso un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona alertaba de que Carlos y su madre son vulnerables y no tenían otro lugar al que ir.
La PAH publicó un tuit quejándose de que se ejecutara el alzamiento y cargando contra los agentes y la Generalitat. “Los Mossos e Interior al servicio de los desahuciadores, saltándose la suspensión del desahucio que ha pedido la ONU a una familia vulnerable. ¡Vergüenza!”, escribía.
También se pronunció en Twitter el Sindicat de Llogateres de Barcelona. “El desahucio de hoy de Carlos demuestra dos cosas: que se puede expulsar a familias a pesar de que estas puedan pagar el alquiler y que la moratoria de Moncloa no sirve. El Govern y la Moncloa son los responsables de que hoy una familia más se haya quedado en la calle”, sentenciaban.
Los problemas para Carlos y su madre y el resto de vecinos de esta finca del Eixample comenzaron cuando la antigua propietaria del bloque murió en 2017 y este fue adquirido por un fondo de inversión, Rontzerius, que no les quiso renovar el contrato.
Una veintena de familias se habían marchado ya del bloque, en el que la mayoría de los pisos permanecen vacíos. Otros han sido ocupados ya por nuevos vecinos que pagan entre 1.200 y 1.500 euros mensuales. El contrato de alquiler que tenían Carlos y su madre era de 601 euros.
Así actúa la burguesía fascista con su respeto a la propiedad privada, no les importa su catolicismo primero estáta su billete. Y para eso utilizan sus leyes y su policía. No a los desahucios vergonzosos.