La medida la aplican cerca de una treintena de maestros, miembros de organizaciones sociales, juveniles y de mujeres en las ciudades de Quito y Guayaquil.
El pedido de los manifestantes es directamente a la Corte Constitucional para que se pronuncie a favor del texto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aprobado por la Asamblea Nacional (parlamento) y vetado totalmente en abril pasado por el presidente de la república, Guillermo Lasso.
La acción ya afecta a algunos de los participantes en la protesta, quienes se sienten agotados, mientras otros reportan síntomas como mareos, debilidad y muestran rostros visiblemente pálidos.
No obstante, expresaron a Prensa Latina la decisión de continuar en huelga hasta recibir el pronunciamiento de la Corte, lo cual debe ocurrir a más tardar el viernes, tras una audiencia pública que tendrá lugar el jueves 12 de mayo.
Al respecto, el presidente de la Federación de Barrios de Quito, Willans Basantes, precisó que esta mañana la organización presentó un recurso de Amicus Curiae, para su incorporación a la audiencia del jueves.
Según precisó, el texto recoge la exigencia a la Corte de equiparación salarial a los docentes, pues han demostrado hasta la saciedad y con argumentos que el ejecutivo cuenta con los fondos necesarios para sustentar el alza en los pagos, avalada por el Parlamento en las reformas a la LOEI.
«Sí existe plata para la equiparación, no es como dice el gobierno del presidente Guillermo Lasso», enfatizó.
En ese sentido, explicó que solo en el primer trimestre de 2022, como excedente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se recaudaron 640 millones de dólares, lo cual representa 140 millones más de lo necesario para el aumento.
También añadió que hay recursos suficientes por la venta de petróleo y además acotó: «la Ley exige el presupuesto para la educación y actualmente se invierte el 3,1 por ciento, cuando corresponde el 4,2».
«Solo de manera rápida hemos señalado tres fuentes de financiamiento. Aquí lo que no existe es voluntad política, lo que existe es precautelar los intereses de la banca, de la gran empresa, los monopolios y los amigos banqueros y dejar en el olvido a la educación», concluyó.
La huelga de hambre comenzó el pasado 3 de mayo y la desarrollan cerca de 30 docentes, representantes de organizaciones sociales, de mujeres y estudiantiles en las ciudades de Quito y Guayaquil.
En principio la acción se mantendrá hasta el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que esperan sea favorable para los educadores, que cuentan con el apoyo de la mayoría en el legislativo y de numerosos sectores de la sociedad en Ecuador.
