CGT exige a Yolanda Díaz una respuesta ante la desesperada situación de los ex empleados de la multinacional Delphi

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Los trabajadores han insistido en reunirse con la ministra del actual Gobierno de PSOE-Unidas Podemos pero continúan sin respuesta de la titular de la cartera de Trabajo y Economía Social

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La organización anarcosindicalista considera que los trabajadores no pueden pagar las consecuencias de la gestión realizada en su día por la Junta de Andalucía (PSOE) y la Inspección de Trabajo

 

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado el silencio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante las reiteradas peticiones de trabajadores de la multinacional Delphi, que tras años de actividad en la Bahía de Cádiz cerró definitivamente en 2007 dejando sin empleo a más de 1.900 trabajadores.

Cabe recordar que la multinacional estadounidense con sede en Troy (Michigan) se había instalado en la Bahía de Cádiz en 1981–aunque también tenía plantas en Zaragoza, Barcelona, Pamplona y Madrid-, y desde 1986 hasta el año de su cierre en 2007 había recibido más de 60 millones de euros en subvenciones públicas. Cuando la empresa anunció el cierre, justificándolo en base a cinco años continuados de pérdidas económicas, las elecciones autonómicas de Andalucía estaban a punto de celebrarse, exactamente el 25 de mayo. Desde el Gobierno andaluz, un Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con más de tres décadas de control político territorial, realizó una serie de promesas para rebajar la tensión entre los trabajadores ante los inminentes comicios en los que se jugaban mucho. En este sentido, recuerdan desde CGT, los trabajadores mantuvieron la esperanza de tener una solución tras pasar la fecha de aquellas elecciones. El entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ofreció a todos los afectados una serie de medidas sociolaborales como recolocaciones y empleo para todos, formación de cara a futuros empleos a muy corto plazo y prejubilaciones desde 2007 a los afectados (tanto de la plantilla de Delphi como de las empresas auxiliares) con 53 años hasta 2010 –que acordó prejubilaciones a todo el que cumpliera 50 años antes del 31 de diciembre de 2010, siendo los últimos prejubilados-. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Junta de Andalucía se fue desentendiendo de los trabajadores. La lucha de los trabajadores no había hecho más que empezar y a lo largo de todos estos años han pasado por muchas dificultades, incluso algunos de ellos se han dejado su vida y la de sus familias en el camino.

Según la prensa de aquellos años, el despido de Delphi vino a costar a las arcas públicas unos 425 millones de euros. Una parte de este dinero se destinó a organizar cursos formativos para los desempleados. Muchos se acogieron a estos cursos y cumplieron con los requisitos que se les pedían para realizarlos. Al cabo de un tiempo se declaró que estos cursos de formación y los contratos que se habían realizado en relación a los mismos, eran fraudulentos, y se apuntó a los trabajadores que habían estado realizándolos para que devolviesen unas cantidades económicas en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social y prestación de desempleo. Es decir, el SEPE consideró que los contratos que se realizaron a estos trabajadores una vez que fueron despedidos de Delphi y como método para paliar la situación hasta que se encontrara una solución laboral, fueron ilegales y se les solicita la devolución de los ingresos “indebidamente percibidos” (salarios y beneficios de posterior desempleo).

La situación denunciada por la CGT es dramática si se tienen en cuenta que desde el año 2007, cuando la multinacional cierra definitivamente, once personas del colectivo afectado por los despidos se han quitado la vida, destrozando o marcando para siempre la de sus seres queridos en una región machacada por la destrucción sistemática de empleo y con unas altas tasas de paro.

CGT exige al Gobierno del Estado español una solución inmediata para este colectivo de trabajadores, que arrastran desde hace años una dramática situación social y económica sin que desde ninguna institución regional o estatal, ni ninguna formación política, muestre el más mínimo interés por encontrar una vía de entendimiento.

CGT recuerda que en ningún caso puede ser la clase trabajadora, empobrecida y ninguneada, la que siga poniendo los muertos en este conflicto que quieren dejar caer en el olvido con los años y a costa de vidas inocentes.

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