Los pasados 28 y 29 de marzo tuvo lugar en India una huelga general de 48 horas, que contó con una participación masiva de la clase obrera a lo largo de ese extenso país, el segundo más poblado del planeta. Las estimaciones más a la baja cifran en al menos entre 50 y 80 millones de trabajadores y trabajadoras que secundaron los paros, así que seguramente fueran bastantes más. En el campo y en la ciudad, hicieron huelga los y las obreras agrícolas e industriales (en sectores tan estratégicos como la producción de acero, las telecomunicaciones, la generación eléctrica, la minería de carbón y la extracción y refinado de petróleo, etc.), del transporte ferroviario, la sanidad y la educación. Todo ello a pesar de las indisimuladas presiones y amenazas de represalias y/o despidos por parte de la patronal.
La protesta fue convocada de manera unitaria por al menos una decena de sindicatos, además de por multitud de federaciones sectoriales. La razón: mostrar el rechazo frontal a las medidas anti-obreras, anti-populares y anti-campesinas (“pro-inversión”) del gobierno del presidente Narendra Modi, del partido derechista BJP. En los últimos años, Modi y su BJP se han caracterizado por la privatización de los recursos naturales del país y sectores públicos estratégicos (en favor del capital indio e internacional), así como por el endurecimiento de la legislación laboral, la subida generalizada de los precios y la pésima gestión de la COVID-19. Algunas de las reivindicaciones: empleo garantizado, no a las privatizaciones, seguridad social universal (también para trabajadores/as informales, y regularización de estas situaciones), refuerzo de las pensiones, ayudas a la pequeña agricultura, etc.
La huelga fue casi absoluta en algunos estados: como Tamil Nadu y Kerala (sur), donde el Partido Comunista de India (Marxista) participa en el gobierno desde hace años; o en áreas industriales como Bengala Occidental.
Fernando García
