Miembros de más de 15 agrupaciones que integran ese movimiento pidieron la intervención del poder judicial de esa provincia para poner fin al hostigamiento y continuos ataques a la líder de la organización Tupac Amaru.
En declaraciones a Prensa Latina, Romina Benapres, del Movimiento Kultural, aseguró que a Sala la agreden por ser mujer, indígena y defender los derechos de los pueblos originarios.
Esto no puede seguir. Marchamos porque estamos cansados de que la persigan injustamente. Lleva casi siete años detenida y queremos su libertad inmediata, la necesitamos aquí con nosotros, afirmó.
Asimismo, exigió que la Justicia escuche a quienes participan en la demostración y respaldan a Sala.
Está internada y la siguen hostigando. En la clínica hay policías. ¡Ya basta! ¡Déjenla que haga su reposo, su mente necesita descansar, esto es inhumano!, señaló.
Sala fue detenida en 2016 por supuesta incitación a la violencia al encabezar una protesta en Jujuy contra los cambios impuestos por el gobernador Gerardo Morales en el sistema y programa de cooperativas.
Pese a los reclamos de agrupaciones sociales, se encuentra bajo arresto domiciliario y el 27 de junio fue ingresada debido a una trombosis venosa profunda en la clínica Los Lapachos, de San Salvador de Jujuy, donde es constantemente vigilada por la Policía local.
Tras visitarla, el presidente Alberto Fernández expresó su preocupación por el deterioro de su salud y condenó los ataques en su contra, así como el incumplimiento del debido proceso en su caso.
Las acciones contra Sala comenzaron durante la gestión que precedió a nuestro gobierno (la de Mauricio Macri, 2015-2019) como parte de la persecución y el invento de causas para mantener a personas sin delitos privadas de su libertad. La presunción de inocencia no se cumplió, indicó el mandatario.
Asimismo, cuestionó la existencia de cerca de una veintena de procesos contra la dirigente social y exigió el cese de las amenazas sobre su posible regreso a la cárcel por parte de las autoridades de Jujuy, lo cual incumpliría las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En múltiples ocasiones, organizaciones y defensores de los derechos humanos denunciaron la humillación, atropello, persecución judicial y ataques sufridos por Sala durante los últimos años.
Agrupaciones, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y parlamentarios del Frente de Todos reclamaron su libertad y expresaron preocupación por las agresiones recibidas.
Asimismo, consideraron su detención como arbitraria e ilegal, y denunciaron la criminalización de las protestas, así como el encarcelamiento de dirigentes políticos y sindicales durante la administración de Macri.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente de resolución la causa principal contra Sala desde hace más de dos años.
